eloriente.net

7 de mayo de 2014

Por: Adrián Ortiz Romero

Congreso: el cheque en blanco debe terminarse  

Coordinadores: el descaro junto a la opacidad

Una de las razones por las que se reformó recientemente el artículo 116 constitucional, para establecer la reelección legislativa hasta por cuatro periodos de los legisladores de las entidades federativas, es que con eso se cree que pueden terminarse la improductividad, la opacidad y los privilegios desmedidos, para dar paso a congresos estatales más competitivos y comprometidos con las causas de la sociedad. Sin embargo, mientras no se erradiquen los vicios y las complicidades que concentran el poder en los órganos legislativos locales, esa será una mera intención que nunca se traducirá en hechos.

En efecto, una expresión nítida de esas complicidades es el Congreso de Oaxaca. Nuestro Poder Legislativo es uno de los más costosos del país –tiene un presupuesto anual de alrededor de 670 millones de pesos–, pero eso no se traduce en productividad ni compromiso democrático. ¿Por qué? Porque paradójicamente, las principales expresiones políticas del Congreso responden a grupos y acuerdos cupulares, y no a los hombres y mujeres por los que directamente votamos los oaxaqueños. Ese encumbramiento de los intereses, sobre la voluntad popular, está provocando una serie infinita de problemas que no resolverá la reforma constitucional que da nuevas reglas para la elección de diputados. Al contrario.

Uno de los casos paradigmáticos es el del diputado Anselmo Ortiz, y otro el del diputado Alejandro Avilés Álvarez. El primero llegó al cargo de diputado gracias a una serie de componendas al interior de su partido, las que hasta ahora sólo conocen con detalle los directamente involucrados. Al diputado Ortiz nadie lo eligió, nadie votó por él y no representa más que a los intereses que le permitieron llegar a ser diputado.

¿Qué intereses son esos? Son los que le permitieron operar desde la Tesorería del Congreso local los mecanismos y los débitos necesarios para hacerse de un lugar privilegiado en la lista de candidatos a diputados plurinominales por el PRD. Y después, ya electo como diputado, Anselmo Ortiz consiguió algo más: convertirse en coordinador de su bancada, desde donde continúa riéndose de todos aquellos que se siguen preguntando qué tuvo qué hacer, o a quién tuvo que comprar para hacerse de su diputación y la coordinación de su bancada.

Algo similar ocurre con el diputado Avilés. Éste, como toda la clase política que gobernó la entidad los últimos diez años de administraciones priistas, no presume de credenciales académicas o formación política de gobierno, sino de trabajo territorial, de operación e ingeniería electoral, y de amplia experiencia en la construcción de redes de intereses que permiten generar espacios en el sector público, al margen de la voluntad ciudadana.

La única campaña que ha hecho Avilés como candidato a un cargo de elección popular, la perdió. Y a pesar de la fama de claroscuros que se forjó en el tiempo que trabajó como operador político de su partido, en esta ocasión pudo saltar de la Secretaría General del PRI también a una diputación plurinominal, y de ahí someter al anodino dirigente Juan José Moreno Sada para convertirse también en coordinador de su bancada.

Algo hay en común entre los coordinadores de las dos principales bancadas en el Congreso local: que ellos son expresiones de intereses muy particulares que no necesariamente corresponden a las inquietudes de la ciudadanía, y sobre todo, que ellos llegaron a sus respectivas posiciones para utilizar, desde ahí, las comodidades de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, a fin de servirse y servir a los grupos que los impulsaron, pero no a la ciudadanía.

Poder ilimitado

Aunque formalmente la Junta de Coordinación Política es una “expresión de pluralidad” al interior del Congreso, lo cierto es que desde ahí se toman las decisiones más trascendentes del Poder Legislativo local. De la junta dependen todos los órganos administrativos y técnicos, y también de la junta depende todo el manejo financiero del Congreso local.

Eso les da a los dos coordinadores –porque la coordinadora panista es una caricatura– un poder ilimitado que incluso no tenía el “pastor legislativo” en los tiempos de la Gran Comisión del Congreso del estado, porque aunque ambos eran priistas, en aquel entonces el pastor cameral estaba sometido al poder del gobernador, que era el único con facultades metaconstitucionales en la entidad.

¿Por qué? Porque hoy desde la Junta de Coordinación Política, Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés tienen capacidad de abrir o cerrar al Congreso a la fiscalización, y de disponer de todos los recursos e influencia política que necesiten. Por eso, en el primero de los casos, Anselmo Ortiz con todo cinismo se ha negado a dejar pasar los procesos de fiscalización del Congreso, y frente a las evidencias se atreve a asegurar que el Congreso es “muy transparente”, y en el segundo, Avilés ha dispuesto reformas y frenos a iniciativas de acuerdo para sus intereses, como en el caso de los administradores municipales, que claramente está visto que no resuelven ningún otro problema más que el económico del diputado que los apadrinó para llegar a esa responsabilidad.

Por eso, nada garantiza que la reforma al artículo 116 de la Constitución federal termine con estas prácticas: diputados como ellos pueden servirse de las tentaciones y la susceptibilidad de corrupción de sus propios compañeros de partido, para perpetuarse en sus cargos por varios periodos, y mientras, con el poder amplio que tienen a partir de un órgano de gobierno (la Jucopo), que no tiene contrapesos internos, pueden ser auténticos virreyes por el tiempo que les dure, no el poder, sino los arreglos entre ellos, o hasta que llegue un gobernador fuerte que decida volver a someterlos a un poder superior.

Al final, queda claro que ahí se encuentra la trampa, y que más bien los diputados plurinominales deben entrar en un proceso de extinción. Hoy es claro que hay legisladores que no representan a la ciudadanía, tampoco a sus partidos o ideología, e incluso ni a la vocación democrática o a una expresión política definida de la sociedad. ¿A cuál de esas características responde Ortiz o el diputado Avilés? Ellos son resultado sólo de intereses.

Incógnitas

Si hoy los diputados perredistas se preguntan qué destino tienen los 2.5 millones de pesos mensuales que el Congreso le da a su coordinador, antes debieron preguntarse de dónde salía la vida de lujos que, de repente, comenzó a darse el entonces tesorero. ¿A poco antes nadie vio las camionetas de lujo, las joyas, los escoltas y demás frivolidades de Anselmo Ortiz García?

 

Foto: El Oriente

 

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