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4/agosto/2014
La madrugada del sábado y tras 17 horas de sesión en las que no faltaron confrontaciones entre legisladores, se concluyó la aprobación de la leyes secundarias de la reforma energética. La reunión plenaria que comenzó la mañana del viernes se dedicó exclusivamente a los dos dictámenes correspondientes al paquete fiscal, luego de que los legisladores terminaran el jueves con el paquete relativo a la legislación para la apertura del sector energético a particulares nacionales y extranjeros.
En los próximos días, todas estas iniciativas deberán ser revisadas ahora por el Senado. El paquete recientemente votado incluye el dictamen con las nuevas leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo —que en principio se tenía previsto quedaran en documentos separados—, así como el de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Del primer dictamen, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece los montos que deberán pagar al Estado los particulares que reciban contratos para explorar y explotar petróleo y gas. Cada empresa deberá cubrir dos conceptos: contraprestaciones e impuestos. Las primeras serán entregadas al fondo petrolero; los segundos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre las principales contraprestaciones estarán la cuota contractual de fase exploratoria y las regalías.
La primera se refiere al pago mensual que tendrá que hacer el particular por explorar en el área que se le otorgue, mientras no produzca. Durante los primeros 60 meses, el monto será de 1,150 pesos por kilómetro cuadrado. Del mes 61 al término del contrato, de 2,750 pesos.
Por otro lado, las regalías serán el porcentaje que las compañías tendrán que dar al Estado de las ganancias por los hidrocarburos explotados.
En el caso del petróleo, por ejemplo, la regalía variará con el precio establecido en el contrato. Si el precio es menor a 48 dólares, la cantidad será del 7.5% del total. Si es de 48 dólares o superior, el monto se calculará multiplicando el precio por 0.125, y a eso se le sumará 1.5.
En cuanto al gas natural asociado, la regalía se estimará dividiendo el precio acordado entre 100. Y sobre los líquidos condensados —pentanos y otros hidrocarburos pesados—, será de 5% si el precio es menor a 60 dólares, y si es igual o superior a eso, se obtendría multiplicando el precio por 0.125 y a eso restando 2.5.
Tensiones por las regalías
Las cantidades fueron definidas por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), partidarios de la reforma energética y sus leyes secundarias, y criticado por las fuerzas de izquierda, que tacharon las regalías de insuficientes comparadas con las de otros países.
José Antonio Hurtado, de Movimiento Ciudadano, dijo en tribuna que en otras naciones las regalías van de 10% a 25%.
En contraste, el priista Fernando de las Fuentes aseguró que este esquema permitirá «maximizar la renta petrolera».
El nuevo fondo
La otra ley del primer dictamen señala cómo será el nuevo fondo petrolero.
Éste será un fideicomiso dentro del Banco de México (Banxico), con la responsabilidad de administrar todos los ingresos por hidrocarburos, tanto los que generen los contratos otorgados a particulares como los derivados de los derechos que deberán pagar las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex).
Cada año, el fondo petrolero tendrá que aportar al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un monto equivalente a 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para su dirección, el fondo tendrá un comité técnico integrado por siete miembros: el secretario de Hacienda, el secretario de Energía, el gobernador del Banxico y cuatro independientes, propuestos por el presidente y ratificados por el Senado.
Los pasivos de Pemex y CFE
Dentro del segundo dictamen, los cambios más relevantes son las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El principal punto es que el Estado podrá asumir pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A propuesta del PRI y del PAN, de último momento se hicieron precisiones al documento, para establecer que esos pasivos laborales únicamente se referirán a pensiones y jubilaciones de trabajadores reconocidas en estados financieros, que a la fecha suman alredor de 1.6 billones de pesos.
También se añadió ese pago estará condicionado a que, en el año siguiente a que la legislación entre en vigor, Pemex adopte un programa de austeridad en el gasto y negocie con su sindicato cambios al contrato colectivo de trabajo.
Además, el pago del Estado no corresponderá a la totalidad del monto, sino que será proporcional a la reducción del endeudamiento que logre Pemex a través de las negociaciones con su sindicato. Por ejemplo, si la disminución conseguida por Pemex es de 1%, ese mismo porcentaje será el que pagará el Estado.
Para el PRI y el PAN, esta medida es necesaria para dejar a Pemex y a la CFE en mejores condiciones para competir con compañías privadas.
«De ninguna manera representa una deuda adicional ni rescate alguno», dijo al respecto el priista Ricardo Fidel Pacheco. «El Estado responde como ha de hacerlo, asumiendo la responsabilidad laboral».
En cambio, la izquierda describió esta medida como un «rescate ominoso» que se pagará con recursos públicos, como los que en los 90 se hicieron a los bancos y a las empresas que operaban las carreteras.
«(Que el Estado asuma el pago de las pensiones de Pemex y de la CFE) es otro rescate ominoso… se socializan las pérdidas para que pague todo el país y se privatizan las ganancias», dijo Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano.
Foto: Algunos derechos reservados por saguayo
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