EDITORIAL

www.eloriente.net, México, 24 de noviembre de 2014.- En el peor de los momentos posibles, ha trascendido en diversos medios de comunicación que el Gobierno de Oaxaca conformó la Comisión de la Verdad para la Investigación de los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007 en el Estado de Oaxaca, como lo faculta el Decreto 2056 de la LXI Legislatura de Oaxaca, publicado en septiembre de 2013.

La conformarán el sacerdote Alejandro Solalinde (presidente); el reportero Diego Enrique Osorno; y la antropóloga Marina Patricia Jiménez Ramírez.

Decimos en el peor de los momentos porque, además de extemporánea —el nombramiento por Ley debió efectuarse hace un año, en noviembre de 2013—, la Comisión abre una discusión jurídica y política completamente innecesaria para un contexto de alta crispación social como el que actualmente vive Oaxaca.

Discusión jurídica puesto que el propio Decreto de la Legislatura puede sin problemas ser cuestionado por violar principios constitucionales indudables, desde el relativo a la igualdad —nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales— o inclusive el de imparcialidad —pues lo único seguro es que los recién nombrados comisionados carecen de ella de manera simple y llana.

Con lo anterior, no se descalifica ni la ideología ni la trayectoria de ninguno de ello. Pero hay perfiles para ciertas tareas específicas. Y en este caso, los mediadores no lo cumplen en tanto su parcialidad histórica.

Discusión también en lo político pues resultaba muy recomendable, antes de tomar esta determinación, consultar y tomar el pulso de personas y actores fuera del círculo cercano del mandatario estatal, proclive desde un inicio también a la crispación y al enfrentamiento, pues le ha resultado altamente rentable: ningún círculo de personas se ha beneficiado tanto de los hechos de 2006 como ese círculo, hoy en los espacios de poder estatal y antes en la propia Legislatura local que aprobó el Decreto mencionado.

Por eso, parece que el Ejecutivo se ha dejado llevar de nueva cuenta por ese ánimo que, debe decirse, hace tiempo debió progresar ya hacia otros estadios: han pasado 8 años de aquel conflicto y 4 años de esta administración, y se lee que el incumplimiento de las responsabilidades de hoy se justifican con las responsabilidades de ayer.

Pero además, el propio Decreto que conforma la Comisión pone a este organismo justo en un sitio proclive a los cuestionamientos, al menos, por las siguientes razones:

1. La Comisión es un «organismo de interés público, con personalidad jurídica, patrimonio propio» (art.2), es decir, es fundamental que se hagan públicos los montos que se han destinado y se destinarán al gasto de la misma. Los integrantes por lo tanto —aún cuando no deberían recibir por Ley ningún emolumento—, están obligados como cualquier otro órgano a responder públicamente de la administración de los recursos.

Es mas, el segundo párrafo del artículo 14 es claro señalando que las personas que integran la Comisión «serán responsables de la debida administración del patrimonio destinado para la realización de sus atribuciones».

2. La Comisión tiene la obligación (o tuvo, y aquí los juristas tendrán algo que decir en relación al principio de irretroactividad) de elaborar y aprobar su reglamento interno, su plan  de trabajo, su presupuesto de egresos y demás normatividad necesaria, mismos que de existir es necesario publicar y examinar por la ciudadanía. (art. 3).

De hecho, esa publicación debió efectuarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con el transitorio TERCERO del propio Decreto.

3. La fecha exacta del nombramiento de los Comisionados es oscura, cuestión que no es menor, pues el artículo 12 del Decreto les otorga un periodo legal de funcionamiento de apenas 18 meses, prorrogable por otros 6 siempre que el Congreso así lo apruebe.

Finalmente, también es cierto que la Comisión recién integrada difícilmente, aun teniendo datos fehacientes, determinará inocencia de los presuntos culpables de los hechos de 2006 y 2007.

Es decir, cualquier persona en su sano juicio sabe que las conclusiones de esta Comisión están elaboradas desde antes del inicio de sus trabajos.

A menos que sorprenda, y se sopese también la voz del bando entonces oficial, misma que seguramente daría cuenta más bien de los abusos de la Asamblea APPO y sus huestes.

Si no, la Comisión es bien nombrada como la Comisión de la Verdad a Medias.

 

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