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30 de marzo de 2015

Por: Ana Luisa Nerio Monroy*

Los derechos a la libertad de expresión y a recibir información están reconocidos en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos: Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19), Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 13). Estos derechos han sido defendidos a lo largo de la historia por su importancia para la construcción de sociedades más democráticas, justas y equitativas. Como parte de un ejercicio profesional, están ligados a quienes ejercen labores de comunicación y periodismo.

Las y los periodistas y comunicadores (en adelante me referiré indistintamente a comunicador o periodista, por economía en la escritura), son uno de los gremios más vulnerables en nuestro país. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras calificó a México, a fines del 2014, como el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Los 81 asesinatos de periodistas registrados de enero de 2001 a septiembre de 2014 dan cuenta de ello. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón la situación para las y los periodistas ya era muy complicada y de gran peligro pero los datos actuales indican que las cosas están empeorando. Una posible diferencia es la manera que se está callando a algunas voces mediante la censura, y las diversas estrategias que llevan al comunicador/a la autocensura a partir de infundirle miedo, del chantaje (incluyendo asuntos de la esfera personal o vida privada) o del cierre de opciones para un ejercicio libre del periodismo y la comunicación.

La inacción de las autoridades permite que los ataques se realicen sin que nadie sea investigado, juzgado y castigado por ello. La falta de investigación y castigo a quienes agreden a periodistas tiene, entre otros efectos, la autocensura. Muchos periodistas han bajado su perfil o dejaron de publicar. Bajo tal situación pueden encontrarse los estados de Chihuahua y Tamaulipas, mencionados en el informe “Estado de Censura” (https://es.scribd.com/doc/259296791/Estado-de-censura-Informe-2014-sobre-violencia-contra-la-prensa) de la organización Artículo 19 y presentado el pasado 24 de marzo. Fue tal el ataque que las y los periodistas recibieron por parte del crimen organizado durante la llamada durante el sexenio pasado que en lo que va de la actual administración, la denuncia de agresiones ha bajado, no porque éstas no existan, sino porque se ha dejado de difundir información ante el temor de las represalias de los grupos delictivos establecidos en esas entidades.

La organización Artículo 19 señala que durante los dos primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto las agresiones contra las y los periodistas se han incrementado un 80 por ciento. Mientras que 54 periodistas fueron asesinados durante el periodo 2006-2012, en los dos primeros años de la administración del presidente Peña Nieto ya van nueve, entre éstos Gregorio Jiménez Cruz, el décimo primer periodista asesinado durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, y el quinto durante lo que va de la presidencia de Enrique Peña Nieto.

 

TELEVISION CC ANDREW HARRER

 

Las agresiones contra periodistas pueden ser de distintos tipos. En 2014 Artículo 19 documentó 326 agresiones en total; entre éstas 142 fueron de tipo físico/material; 53 actos de intimidación/presión; 45 detenciones arbitrarias; 44 amenazas; 2 actos de criminalización; 2 desapariciones; 12 ataques cibernéticos, 6 asesinatos; 14 hostigamientos judiciales; 1 desplazamiento; 5 actos de difamación o calumnia. Estas agresiones son perpetradas generalmente por dos grandes grupos: el crimen organizado y el propio Estado (políticos y servidores públicos). Los medios impresos son lo que con mayor frecuencia reciben ataques, (48.7 por ciento), aunque los medios digitales no se salvan (28.8 por ciento) y cada vez se presentan más actos de agresión contra éstos. De los periodistas agredidos el 16 por ciento labora en radio y televisión y 13.4 por ciento son comunicadores independientes y defensores de derechos humanos agredidos cuando realizaban labor de documentación durante actos de protesta social.

Sobre los medios digitales vale la pena señalar que se han convertido en una alternativa importante para poder difundir información de manera más independiente y crítica, lo que al mismo tiempo ha hecho que se conviertan en foco de ataques como los “ciber ataques” y los “hackeos” por ejemplo. Por su parte las redes sociales ayudan a difundir información de manera muy rápida, pero también son medios para atacar, desacreditar y agredir a los periodistas.

El incremento considerable de agresiones a mujeres comunicadoras es uno de los temas a destacar del informe de Artículo 19. A pesar de que el informe no entra al análisis sobre las causas de este aumento, sí nos obliga a preguntarnos qué está pasando. ¿Hay más mujeres periodistas? ¿Hay más mujeres periodistas publicando contenidos que afectan los intereses de alguien en particular? o ¿Están denunciando más las agresiones que reciben? Durante la administración calderonista 192 mujeres sufrieron alguna agresión por su ejercicio profesional, un promedio de 32 al año. En contraste, en sólo dos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se han presentado 122 agresiones.

Entre 2006 y 2012, Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal, Chihuahua, Tamaulipas, eran los cinco estados con el mayor número de agresiones a periodistas. Para 2014 el orden está de la siguiente manera: Distrito Federal, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca. En el Distrito Federal las agresiones contra comunicadores aumentaron sobre todo en eventos o manifestaciones públicas de protesta, asunto sobre el que hay que colocar un foco rojo ya que esto va muy ligado a la tendencia a criminalizar la protesta social y a controlar los espacios públicos, limitando el derecho de la población a manifestarse de manera libre y pacífica. Esta tendencia ha ido acompañada de la creación de legislaciones que pretender “regular” los actos públicos de protesta; atentando contra los derechos de la población a la manifestación pacífica, la reunión, la circulación y la protesta social.

Si bien existe el andamiaje legal para proteger a las y los periodistas (la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), éste ha resultado inoperante, ineficiente e insuficiente. La impunidad sigue siendo la regla. No hay acceso a la justicia para las y los periodistas víctimas de agresiones.

En el caso de Mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hay que recordar que no ha podido operar de manera adecuada. Entre otras razones para esta inefectividad está la falta de presupuesto, los cambios en el personal que lo encabezan, la falta de metodologías adecuadas para realizar los análisis de riesgo, su incapacidad para prevenir actos que ponen en peligro a las y los periodistas, la falta de recursos humanos y materiales para reaccionar cuando ya existe una agresión, y en general, por la falta de voluntad política.

A todo esto hay que sumar además que quienes se supone, deben estar para servir a la ciudadanía y proteger a la población, agreden a los comunicadores. Los casos en los que los servidores públicos hacen un uso prepotente de su posición de poder abundan. Amenazan al periodista que los encuentra en una situación incómoda o que descubre un acto ilegal. La impunidad alcanza además a familiares, amigos y socios a quienes el político o servidor público defienden con enorme celo. Este fue el caso del periodista yucateco Edwin Canché quien fue víctima de tortura, detención arbitraria y de toda clase de atropellos por las autoridades municipales, por publicar notas criticándolas y haber tomado una fotografía del sobrino de un alcalde quien había chocado y dañado propiedad privada.

Finalmente no podemos cerrar los ojos ante otro problema crucial cuando de la labor de periodistas y comunicadores se trata. Un gran número de ellas y ellos trabaja en condiciones laborales precarias, sin salarios, contratos, prestaciones sociales, seguros médicos pensiones o jubilación. Las empresas periodísticas o de comunicación pocas veces cuentan con la voluntad, los conocimientos y los recursos para enfrentar situaciones de riesgo. Suele subestimarse el nivel de riesgo. Esto crea otras vulnerabilidades que el gremio debe revisar para generar las estrategias adecuadas de autoprotección y respaldos de sus empleadores; sin por ello olvidar que la responsabilidad primaria de la seguridad de cualquier ciudadano es del Estado.

@aluisanerio

 

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