(www.eloriente.net, México, a 02 de octubre de 2015, por Paz Espino).- Seguramente en algún momento han escuchado la frase: “la justicia es solo para ricos”, y creo que hay mucho de verdad en ella; ya que actualmente la persona que cuenta con recursos económicos puede: contratar los servicios de un abogado para poder tener acceso a una defensa efectiva, cubrir la fianza a manera de no llegar a prisión; y en el peor de los casos, comprar su impunidad; en fin, estas “hipótesis” se ventilan todos los días en nuestro sistema de justicia penal mixto (vigente aún en algunas regiones del estado de Oaxaca).

Un estudio realizado por el Instituto de Justicia Procesal Penal en México reveló que de 220,000 personas que, en promedio, aloja de manera permanente el sistema penitenciario mexicano, el 42 por ciento no ha sido juzgada -se encuentra en prisión preventiva-; es decir que en este momento hay un promedio de 92,400 presos que podrían ser inocentes o cuya culpabilidad quizá nunca sea demostrada.

Lo anterior derivado de factores como el abuso de la prisión preventiva, endebles elementos de la prueba, falta de acceso a representación y asesoría jurídica competente e independiente, y la precaria calidad y cultura de los profesionales del derecho; que nos llevan a afirmar que la justicia penal en México deja mucho que desear.

Por ello, para acabar con estas malas prácticas del sistema normativo penal en nuestro país, y garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia y la reparación del daño; instituciones públicas y sociedad civil, trabajan arduamente en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

Por lo que toca al estado de Oaxaca, según el ranking que presenta la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, el avance destaca en Tecnologías de la Información (9.3), Capacitación (8.8) y Reorganización Institucional (8.8) del Tribunal de Justicia; Tecnologías de la Información (7.6), Capacitación del Ministerio Público (8.2) de la Procuraduría General de Justicia; Capacitación (8.8) de la Defensoría Pública; Capacitación (8.2) de la Secretaría de Seguridad Pública.

En focos rojos está la Infraestructura (4.9) de los Tribunales de Justicia; la Capacitación de la Policía de Investigación (3.2), Infraestructura (4.6) y Reorganización Institucional (4.2) de la Procuraduría General de Justicia; Tecnologías de la Información (3.2), Infraestructura (4.6) y Reorganización Institucional (2.5) de la Defensoría Pública; Tecnologías de la Información (5.0) y Reorganización Institucional (4.3) de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lo anterior tomando en cuenta el siguiente semáforo: N1= Mínimo(1.0-1.4); N2=Bajo(1.5-2.9); N3=Medio Bajo(3.0-4.4); N4=Medio(4.5-5.9); N5= Medio Alto(6.0-7.4); N6= Alto(7.5-8.9); N7= Óptimo(9.0-10.0).

Como podemos ver, Oaxaca es ejemplo a nivel nacional de Tecnologías de la Información, Capacitación y Reorganización Institucional del Tribunal de Justicia; Capacitación del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia; Capacitación de la Defensoría Pública; y Capacitación de la Secretaría de Seguridad Pública. Cabe destacar que en el pasado mes de julio, nuestro estado se colocó en materia de normatividad, de N4=Medio (4.6), al N7=Óptimo (10).

Faltan 214 días para que el sistema penal acusatorio funcione en todo el territorio oaxaqueño; estaremos pendientes del avance, principalmente en el tema de la capacitación y la construcción de los 23 centros de justicia que albergarán fiscalías, defensorías, órganos jurisdiccionales, entre otros. Lo que sin duda alguna, acercará la justicia a la ciudadanía, evitando pérdida de tiempo y dinero.

La reforma penal constituye un reto que busca fomentar un cambio radical no solo en la forma de ejercer justicia, sino también en la lógica y percepción de la cultura de legalidad, hagamos que eso suceda.

Justicia - Chris Potter

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