(www.eloriente.net, México, 14 de noviembre de 2015. Por. Paz Espino).- Derivado de las modificaciones normativas que en el estado de Oaxaca se han concretado a efecto de alinearnos al Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014, el cual establece un nuevo esquema de justicia penal para nuestro país; estamos siendo testigos de una serie de transformaciones vertiginosas de todos los tiempos, donde el común denominador es la justicia.
¿Qué es la Justicia? Hemos leído y escuchado tantos conceptos que describen el término justicia como: “Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad”; “Dar a cada quien lo que le corresponde”; “Es la eterna aspiración del hombre a la felicidad”, como lo cita Hans Kelsen en su libro titulado ¿Qué es la justicia?; lo cierto es que el hombre no ha podido hasta el momento, encontrar un concepto unívoco de la definición de justicia, ¿será acaso que es una palabra cargada de subjetividad?.
Es por ello que hablar de justicia se vuelve un dilema, porque cuando la balanza se inclina a favor de un individuo, entonces si hay justicia, y cuando la medida se ladea a desfavor es muy probable que se perciba que no la hay. Es ahí donde cobra importancia el principio de responsabilidad, es decir, cuando la persona hace consciencia de sus actos o acciones y de la consecuencia de estos, se puede encontrar un punto de equilibrio en la concepción de la justicia.
Eso es lo que hoy en día se plantea a través de esta gran revolución en materia de justicia en México, un nuevo entendimiento de la concepción de la justicia, dejando atrás esa idea Socrática de la justicia que el hombre que conoce el bien es justo y el que conoce el mal es injusto; para pasar a la igualdad entre el que debe y el otro a quien se le debe, es decir, poner medio entre las cosas para que haya igualdad entre los hombres.
Esa es la filosofía del nuevo sistema de justicia penal, para ello ha sido necesario crear y adecuar nuevas figuras jurídicas, capacitar a jueces y abogados, construir la infraestructura para hacerle frente a este desafío.
Hace unos días desapareció la Procuraduría para la Defensa del Indígena que se transforma ahora en la nueva Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, cuya responsabilidad será asesorar en las materias civil, familiar, mercantil, agraria, administrativa y constitucional a las personas que lo soliciten, y patrocinarlas ante los juzgados cuando estas carezcan de recursos económicos para contratar un licenciado en derecho particular, o intervengan adolescentes, incapaces o miembros de una comunidad indígena.
Lo anterior exige la profesionalización de los abogados que fungirán como asesores jurídicos, ya no habrá cabida a la improvisación; ahora deberán contar con cédula profesional que los acredite como licenciados en derecho, estarán obligados a contar con el conocimiento en lenguas indígenas e inevitablemente conocimiento y habilidad en el sistema penal acusatorio.
La Defensoría Pública es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como, con facultad de decisión y competencia específica, e independencia técnica, funcional y operativa. Se regirá por una Junta de Gobierno que integrará además de oficinas gubernamentales, instituciones, ciudadanos representantes de la sociedad civil con conocimiento y experiencia en el tema.
Un gran avance en materia de justicia, seguiremos de cerca su funcionamiento…
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