(www.eloriente.net, México, a 28 de julio de 2016, por Juan Pablo Morales García*).- Aunque el tema magisterial tiene un nuevo escenario y condiciones distintas después de los trágicos acontecimientos del pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, los análisis se han concentrado en los efectos y no en las causas estructurales del conflicto. Más aún, el debate sobre los encuentros que han tenido funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) solo han dado cuenta de la complejidad, riesgos y amenazas de la coyuntura, no van más allá del conflicto y no se vislumbran soluciones.  

Desde el anuncio del Secretario de Gobernación, el pasado 20 de junio, para abrir un espacio de diálogo con la CNTE, los últimos encuentros y las mesas de trabajo entre ambos actores parecieran estar en distintos canales discursivos. Mientras SEGOB ha insistido en un diálogo sin negociación de Reforma Educativa y atención a demandas exclusivamente políticas, la CNTE se ha mantenido en su postura de negociación de temas administrativos sindicales y sobretodo de oposición a la Reforma Educativa.  

¿Dos lenguajes diferentes?

En su intercambio inicial de documentos con propuestas para establecer las mesas de trabajo cada uno de ellos tiene algunas vertientes a considerarse. Por ejemplo, el documento presentado por SEGOB plantea en términos muy generales “facilitar un proceso de diálogo con la SEP en torno al modelo educativo”. Sin embargo, acota a  un listado de temas o “principios” pedagógicos ya todos incluidos en la Ley General de Educación. La contextualización de esta propuesta denota un lenguaje abierto, ambiguo y ya rebasado, que lejos de dar certeza pone en riesgo su interpretación. Por ejemplo dice: “La escuela ha de ofrecer a los estudiantes oportunidades que respondan a sus necesidades particulares”. ¿Podría interpretarse esto como una segregación o establecimiento de una niñez de primera y de segunda en México?

Finalmente, después de un intento por esbozar un marco de discusión pedagógico contemplado en la propia Reforma Educativa, la SEGOB establece la importancia de la participación del magisterio y la sociedad pero no establece el mecanismo de inclusión.

Por otra parte, el documento de la CNTE por primera vez abre algunos puntos de salida como la declaración de “moratoria o suspensión” de la Reforma Educativa, es decir no buscan la abrogación de la misma que significaría la nulidad de toda una Ley  o su derogación para declarar la nulidad de una parte del articulado, sino posponerla o buscar un mecanismo para ser aplicada posteriormente o a docentes de nuevo ingreso. Las principales preocupaciones de la CNTE se refieren a su permanencia y estabilidad laboral amenazadas, desde su punto de vista, por el Sistema de  Evaluación del Servicio Profesional Docente, una de las innovaciones de la Reforma Educativa. Sin embargo, no se podría válidamente afirmar que conducen al despido, toda vez que las causales de despido aplicarían en caso de que los profesores incurrieran ellas y no constituyen una norma de aplicación automática.  

Un punto de distensión de corto plazo, lo agrupan en temas político-administrativos como lo son lo que llaman “presos políticos”,  trabajadores cesados, suspensión de pagos, retención de cuotas sindicales descongelamiento de cuentas bancarias, entre otros. Todos estos temas derivados de la aplicación de la normatividad vigente y que implicarían buscar mecanismos de salida jurídicos sin trasgredir la Ley, caso contrario el costo de vulnerarla sería muy alto en todos los sentidos para quien lo haga.  Finalmente, la CNTE también considera que el Sistema Educativo Nacional  “debe movilizar a los actores y fuerzas sociales para la educación pública como maestros, padres de familia, comunidades, barrios y colonias” y en este sentido coincide con la SEGOB en una inclusión del magisterio y la ciudadanía pero tampoco la define.  

¿Brexit magisterial como alternativa?

La Secretaría de Gobernación ha propuesto un diálogo en términos de discusión del modelo educativo mientras que la CNTE lo ha limitado a los efectos de la reforma sobre la estabilidad laboral y la evaluación para la permanencia en el servicio docente con el restablecimiento de sus privilegios. Sin embargo, el punto de encuentro no se da sobre la discusión del modelo educativo sino sobre el mecanismo de inclusión que defina la continuidad o la abrogación de la Reforma Educativa.

Un mecanismo que podría ser considerado para ampliar el espacio-tiempo de consenso y buscar una decisión legitimada podría ser un referéndum, un instrumento de la democracia semidirecta para consultar la aprobación de una Ley. Aunque a nivel mundial, países con democracias contemporáneas establecen este tipo de mecanismos de participación ciudadana tales como el plebiscito o el referéndum como ejercicios institucionales cotidianos, en México no están reconocidos a nivel nacional. A nivel subnacional  28 entidades federativas contemplan  la figura de referéndum en sus Leyes de Participación Ciudadana. Hidalgo, Veracruz y Tabasco no cuentan con esta figura a pesar de tener este tipo de leyes. Mientras que Nuevo León ni siquiera contempla estos mecanismos en su Constitución local. Un ejemplo de la utilización de un referéndum lo observamos hace algunos días en  Gran Bretaña para consultar a sus ciudadanos la permanencia o salida de su país de la Unión Europea en el llamado “BREXIT”. Y aunque el  resultado ha sido polémico en sus implicaciones, su carácter vinculatorio le da la legitimidad y validez de una institución en una democracia consolidada.

En México hay una alternativa institucional para estos temas de interés nacional y que fue aprobada el 6 de marzo de 2014 en la Ley Federal de Consulta y que establece la Consulta Popular como un “mecanismo de participación (inclusión) por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto, mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”. De esta manera, una consulta popular sobre la Reforma Educativa podría ser una salida de consenso y legitimidad sobre un tema que tiene que ver con las próximas generaciones de niñas y niños mexicanos.  Una especie de “REFEDUEXIT” que incluya a todos los ciudadanos del país y donde intrínsecamente se encuentran madres y padres de familia, docentes, estudiantes y todos los interesados en la educación pública, una consulta no sólo limitada a los estados de la CNTE sino para las 32 entidades federativas involucradas que puede dar cuenta de la aprobación o desaprobación de esta Ley y en su caso la valoración misma de continuar o no con una Reforma Educativa que de otra manera podría entramparse en un juego de suma cero para regresar al status quo o peor aún en un conflicto mayor.  Al final, la educación inclusiva también es un modelo educativo en las democracias contemporáneas.

*Politólogo del CIDE, Maestro en Administración Pública especialista en Desarrollo Económico y Político por la Universidad de Columbia en Nueva York.

el universal barricadas oaxaca 11 de junio

OTRAS ENTRADAS

eloriente.net/Udual 26 de julio de 2016 Marisa Belausteguigoitia Rius, académica de la Facultad de Filosofía y Letras, y Teresa Ordorika Sacristán, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias…

eloriente.net/Agencia N22 25 de julio de 2016 Por Víctor Gaspar Mérida, Yucatán fue la sede de la Octava Audiencia Pública para la Ley de Cultura. Culturas populares…

eloriente.net 25 de julio de 2016 OTRAS COLUMNAS, DAR CLICK SOBRE LA IMAGEN: Share…