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27 de noviembre de 2016

Editorial

Ayer sábado, 16 presidentes municipales electores se reunieron para signar la Agenda de Justicia Social, un documento de 5 compromisos generales, a partir de los cuales los ediles se comprometieron a construir sus respectivas administraciones.

Compromisos en efecto generales y básicos, pero es precisamente así como se comienza: delineando voluntades hacia los temas que todas y todos consideramos importantes, pero que precisamente por su relevancia luego olvidamos:

  • Crear fuentes de empleo;
  • Generar una economía propia para que los productos de nuestra región encuentren un mercado aquí mismo e incluso más allá de nuestras fronteras;
  • fomentar una economía justa para que nuestra mano de obra, nuestros productos y servicios no sean malbaratados;
  • rechazar la corrupción; y
  • generar un diálogo permanente entre diversos grupos en el que se defiendas los derechos de las mujeres, de la infancia, de la juventud, de las personas con discapacidad, de la comunidad LGTB, y de nuestros pueblos y comunidades indígenas.





Es verdad que estos y otros mandatos ya están considerados en los ordenamientos constitucional y legales, por lo cual las autoridades no tendrían porqué refrendarlos en documentos adicionales. Sin embargo, la expresión de la voluntad política es hoy una condición fundamental para lograr cristalizar otro asunto de primera importancia: que los ciudadanos fortalezcamos los lazos de confianza con autoridades y gobiernos, sabedores que solo en colaboración los objetivos públicos pueden alcanzarse.

Para nadie es un secreto que 20 o 50 empleados públicos no pueden sacar adelante a una ciudad o a un municipio.

Y tampoco es un secreto que el resto, quizá miles, en muchas ocasiones los dejan morir solos, con el irresponsable argumento de: «para eso les pagamos», «para qué se meten si nadie los obligó», y «es su obligación».

Nos parece que en ese sentido corre la iniciativa civil de la Barra Latinoamericana de Abogados «Carlos Santiago Nino» y de la Asociación Civil «Comité Juvenil de Participación Oaxaqueña», es decir, en que desde la sociedad civil se acompañe y colabore con los gobiernos en cumplir con sus responsabilidades. Al final, si lo hacen, es en beneficio de todos.

Sin embargo, este es precisamente parte del gran trabajo cultural que nos resta por hacer en Oaxaca. Donde la separación entre el gobierno y la sociedad lejos de aminorarse se ha ido acrecentando con los años, producto cuando no de la decepción sí de la ineficiencia.

Es verdad, como lo señaló el doctor Rodolfo Moreno —principal artífice de esta iniciativa—, que esta es apenas una agenda mínima y que, con el paso de los meses, además de darle continuidad, lo deseable es que se aumenten las metas y las causas.

También es verdad que, con que se cumplan estas primeras 5, muchos aspectos de nuestra cotidiana aventura por la vida en Oaxaca podría transformarse. A veces, por buscar las grandes metas y las obras magníficas, nos olvidamos que necesitamos las cosas sencillas que hacen toda la diferencia.

Por eso, el enfoque es el correcto. Por eso, esta vía que se ha abierto, es la correcta.

direccioneditorial@eloriente.net

agenda-justicia

Aspecto de la presentación ayer, realizada en Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

 

 


 

 

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