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13 de agosto de 2017

Las 17,274 muertes de mujeres en el país con presunción de homicidio de 2007 y 2014, reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) motivan la preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el creciente aumento de violencia hacia ese sector poblacional, ante lo cual participará en el seguimiento de acciones que los gobiernos de los estados de Colima y de Durango deben implementar para cumplir con la respectiva alerta de violencia de género.

En este sentido, la CNDH exhorta a toda la sociedad, de manera especial a las autoridades y servidores públicos, a cumplir con su deber de respeto y garantía de los derechos de las niñas y mujeres del país, con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará”.

En Colima la correspondiente declaratoria de alerta fue decretada por la Secretaría de Gobernación para dicha entidad, ante el creciente aumento de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH), al pasar de una tasa de 1.9 por cada 100,000 mujeres en 2007 a 4.7 en 2014 (17 fallecimientos), colocándose por arriba de la media nacional que para este último año fue de 3. Durango pasó en el mismo periodo de una tasa de 1.1 a 3.2, con 28 fallecimientos.




 

Y lo que también llama la atención en este caso es la cifra de 111 denuncias presentadas por violación sexual ante el Ministerio Público en esa entidad federativa en el primer semestre del presente año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017.

Este Organismo Autónomo también observa con preocupación otras formas de violencia física y sexual padecidas por una de cada tres mujeres en el mundo, de acuerdo con cifras de ONU Mujeres, y estima que es de la mayor importancia atender las 6,444 denuncias presentadas por violación sexual ante el Ministerio Público en el periodo enero-junio de este año a nivel nacional.

La CNDH participará en el seguimiento de acciones que el Gobierno del Estado de Colima debe implementar, las cuales abarcan los temas de seguridad, prevención, justicia y reparación, así como los vinculados con visibilizar la violencia de género y la difusión de mensajes de “cero tolerancia” a la comisión de conductas violentas contra mujeres, como se establece en la citada declaratoria. De la misma manera, también dará seguimiento al inicio del procedimiento de la alerta de violencia de género en el Estado de Durango.

Las cifras oficiales de defunciones femeninas con presunción de homicidio corresponden a información oficial de la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, publicada en el informe La violencia feminicida en México.

La CNDH forma parte de los correspondientes Grupos de Trabajo en los estados de Colima y Durango, y acudió a la instalación de tales grupos en el marco de las acciones de las mencionadas alertas y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en los artículos 36 y 36 Bis del Reglamento de la ley referida.

En la sesión de instalación en Colima se contó con la presencia del Secretario General de Gobierno de esa entidad, la Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres, representantes de diversas instituciones de la administración estatal, la representación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del Instituto Nacional de las Mujeres y de la CNDH.

Mediante el seguimiento que aplicará la CNDH se busca impulsar acciones y diseño de políticas públicas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en Colima.

Cabe señalar que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres puede operar como marco para que diferentes órdenes de gobierno coadyuven con la entidad en la búsqueda de soluciones frente a situaciones de violencia de género.

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