Transparencia, Rendición de Cuentas y Pueblos Indígenas de México: El mayor pendiente
Por: Juan Pablo Morales García
Las comunidades indígenas de México y América Latina se han adaptado a nuevos contextos, generando o ajustando sus instituciones propias. En nuestro país tenemos 420 municipios que se rigen bajo sus propios Sistemas Normativos Indígenas entre los 2,471 que tenemos en México. Esto municipios de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas y próximamente en Sonora representan una proporción de alrededor de la quinta parte de los municipios del país y con una población hablante de una lengua indígena de 7.36 millones de personas equivalente a la población total de una entidad como Jalisco y con casi 12 millones que se identifican a sí mismos como indígenas de acuerdo con el último Censo Nacional del INEGI de 2020.
Sin embargo, esto no ha sido representado en la integración de los órganos de Gobierno a pesar de los avances en acciones afirmativas que han obligado al Estado Mexicano a la representación de grupos de atención prioritaria entre ellos a la población indígena.
Este es el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que en sus 20 años de vida no ha tenido un Comisionado que hable o se identifique como tal, a pesar de que proporcionalmente por lo menos en términos de población por lo menos un espacio tendría que estar representado por un Comisionado indígena.
¿Cuál es la importancia de incluir a las comunidades indígenas más allá de la representatividad y proporcionalidad en términos de transparencia y rendición de cuentas? Las instituciones indígenas de México son un referente en materia de transparencia y rendición de cuentas. La asamblea general comunitaria sigue siendo el principal órgano de decisión y control de la colectividad; la que evalúa los resultados de la gestión de sus autoridades y la que define el destino de sus recursos públicos.
Si bien en México ha habido un avance en materia de rendición de cuentas y se han generado instituciones estatales, normatividad y procedimientos diversos para ello, las comunidades indígenas señalan que esos instrumentos de fiscalización no tienen pertinencia cultural y desconocen o minimizan a sus instituciones comunitarias, privando a la ciudadanía de conocer cómo se emplean los recursos públicos.
Al respecto se han identificado tres ejes básicos para el estudio de los procesos de rendición de cuentas en medios rurales e indígenas: 1) las formas de articulación y tensiones estructurales entre unidades de gobierno micro locales (la comunidad como “cuarto nivel de gobierno”), el municipio y la federación; 2) las instituciones y sistemas normativos de esas comunidades (asamblea general, etc.), en la programación participativa del gasto público y su vigilancia; 3) la pertinencia cultural de los instrumentos e instituciones estatales.
Si estas tres vertientes no son comprendidas al interior de los órganos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas no solo se incurre en una exclusión de una parte territorial, de población sino de una gran parte de instituciones que incluso podrían adoptarse a niveles micro sociales.
Por ello, a dos décadas de la fundación del INAI es pertinente y obligado incluir la voz, la experiencia y el conocimiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas. No puede haber transparencia plena en nuestro país si nuestros pueblos y comunidades indígenas siguen invisibilizados. Al final, la rendición de cuentas demanda una inclusión total sin excepciones.
