Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

(www.eloriente.net, México, a 28 de septiembre de 2018, por Alfredo Puente).- Es innegable que las naciones han unido esfuerzos desde la década de los noventas para hacer un frente común al combate del crimen organizado, el tráfico de armas y estupefacientes y los efectos del blanqueo de capitales o lavado de dinero, como delitos a combatir legalmente.

Diversas convenciones, acuerdos y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera [GAFI] han orientado los esfuerzos de las naciones para imponer el control en aspectos financieros, administrativos, legales y prevenir la comisión de delitos en las empresas.

Veamos pues, que desde 2013 se promulga la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita [LFPIORPI], también conocida como Ley Anti Lavado, misma que da marco a las obligaciones que deben atender las empresas que realizan alguna de las actividades vulnerables que ésta define: Identificación clientes y usuarios que realicen las actividades vulnerables; Integración de expedientes con documentación de los clientes o usuarios; Proteger, resguardar y custodiar la documentación; Solicitar al cliente o usuarios indique si conoce al dueño beneficiario; Atender las visitas de verificación; Registrarse en el padrón específico y Presentar los avisos.

La Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] y el SAT por disposición legal, unen sus esfuerzos para vigilar el cumplimiento de la LFPIORPI, por ello no nos extrañe que podemos recibir algún requerimiento o visita por dichas autoridades para comprobar el cumplimiento de obligaciones de la materia.

Consideremos que no es necesario que la empresa forme parte del SF para que nos aplique la LFPIORPI, basta con realizar alguna de las actividades vulnerables y superar los umbrales que la ley previene, para estar sujeto a la misma y susceptibles de ser multados.

El incumplimiento ha llevado a empresas a ser sujetos de multas que en algunos casos han llegado a ser de millones de pesos, existen casos superiores a los 19 millones de pesos, derivado del incumplimiento a las obligaciones de identificación, control, integración de expedientes, registro o presentación de avisos, colocándolas al borde de la quiebra por el incumplimiento a la LFPIORPI.

La LFPIORPI, su reglamento y reglas aplicables llegaron para quedarse y existe un número relevante de empresas, personas físicas o morales, que no se han ocupado en regularizar su situación, manteniéndose en un nivel de riesgo alto ante una verificación de la autoridad.

Tome la decisión y ocúpese de recibir una asesoría profesional adecuada a su modelo de negocio.