El COVID 19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que ha traído una ola de muertes y contagios seguramente difícil de cuantificar en el mundo.

Ha puesto contra la pared a todos los sistemas de salud del mundo, entre otras cosas, porque no se contaba ni con la infraestructura, ni con el personal especializado, ni con los medicamentos, ni con los insumos, en fin con todo lo necesario que un país debe contar para garantizar la salud de sus habitantes. Este derecho universal establece “que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a las dificultades financieras”. Derecho que sin embargo en nuestro país esta muy lejos al menos de ser parcialmente satisfecho.

Son miles los millones de pesos que en los últimas décadas se han “invertido” en el sector salud en nuestro país, para satisfacer esta necesidad que hoy ante la emergencia se vuelve urgente y necesaria.

Basta realizar una pequeña revisión en los Informes de Auditoria del Órgano Superior de Fiscalización de las Cuentas Públicas de 2000 a 2018, para encontrar infinidad de irregularidades en este sector.

Por mencionar algunas: pagos por conceptos de obra sin que los trabajos se encontraran ejecutados; pagos con sobreprecio en medicamentos; metas de vacunación incumplidas; adquisición de equipos que no fueron entregados; entre otras. La mayoría de estas irregularidades han sido denunciadas ante las instancias legales correspondientes y valga también mencionar que en nuestro país estos procesos son largos y jurídicamente complicados.

Auditorías de desempeño

Con distintos enfoques son tres tipos de auditorias las que generalmente el Órgano Superior de Fiscalización y los Órganos de Fiscalización Locales realizan: Financieras, de Inversiones Físicas y de Desempeño. Retomaré ésta última que considero es de particular interés dada la emergencia que vivimos.

El articulo 134 de CPEUM establece que “los recursos económicos que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente».



Es claro el sentido social del artículo. Considero que el objetivo de cualquier programa es la creación de lo que se denomina valor público.

En todo sentido, una política pública implementada por el Estado debe traer consigo la satisfacción ciudadana en términos de una mejora en su calidad de vida.

“Las políticas públicas son y han sido procesos de formulación explícita de aspiraciones deseables y factibles por parte de los diversos actores que habitan en un determinado territorio y que habrán de ejecutar sus gobiernos controlando y evaluando sus impactos” (Morales,2015:90).

En esta marco de evaluación, la ISSAI 3000 —que es la Norma para la Auditoria al Desempeño emitida por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) como parte del Marco INTOSAI de Pronunciamientos Profesionales— establece que la auditoría al desempeño examina si las decisiones del Legislativo o del Ejecutivo se planificaron e implementaron de manera eficiente y eficaz, y si los contribuyentes o ciudadano han recibido valor por su dinero.

De esta forma, la auditoria al desempeño define si una política pública proporciona un beneficio amplio y definitivo a una colectividad; si fue planeada y construida adecuadamente, pero además si esa política pública tuvo un efecto tangible y medible en lo que se denomina población objetivo.

Me parece pertinente en este ámbito señalar que el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable), establece un lineamiento para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. En éste se indica que para la generación, homologación y actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos, estos deberán considerar la Metodología de Marco Lógico a través de la Matriz de Indicadores para Resultados MIR.

Todo esto proporciona un amplio espectro de análisis tanto técnico como metodológico para la Auditoría al desempeño, sin embargo lo más importante es que permite una intervención amplia y efectiva en la evaluación de los programas gubernamentales. No dejan de ser importantes las auditorias financieras y de obra pública, pero más allá del cumplimiento normativo y de construcción que deben cumplir, resulta de mucho más valor para la ciudadanía conocer cuánto han logrado los millones de pesos invertidos en la mejora de su calidad de vida.

En otras palabras los recursos de los contribuyentes que se han invertido en hospitales ¿cuánto han ayudado para mejorar la salud de los ciudadanos?; los programas de vacunación, ¿disminuyeron las muertes de niños por sarampión, polio, tétanos, rubeola, rotavirus, etc.? ¿Qué beneficios tuvo la adquisición de equipo y medicamentos para ayudar a los enfermos de cáncer? ¿Se prolongó su esperanza de vida? ¿Mejoró su calidad de vida?

En el caso de equipamiento, insumos y medicamentos adquiridos para la lucha contra el COVID, mas allá de los temas de licitación, la planeación realizada ¿se ajustó plenamente a las necesidades proyectadas? ¿Fue congruente con una mejor atención de los enfermos? ¿Todo esto ha permitido una disminución de la tasa de mortandad esperada?.



Nueva Normalidad

Dentro del ámbito de la nueva normalidad las distintas dependencias gubernamentales deberán implementar medidas que permitan laborar haciendo frente a la contingencia, y justamente los auditores al desempeño deberán evaluar la correcta aplicación de esta normatividad.

Por otra parte, los presupuestos asignados se verán disminuidos y aquí la Auditoría de Desempeño deberá implementar evaluaciones que permitan medir no solo la adecuada identificación a través de la planeación sino también identificar la eficiencia, eficacia y economía de las mismas a través de indicadores llamados de desempeño.

Durante décadas nos acostumbramos a informes que destacaban los recursos invertidos. Hoy se habla de gobiernos de resultados. La realidad es que salvo las realizadas por CONEVAL, en términos de rezago social, en otros ámbitos desconocemos ampliamente los resultados tangibles en términos de una mejora de calidad vida de la población.

¿Qué beneficios trajo la construcción o pavimentación de una carretera? ¿Qué beneficios traerá la construcción de una nueva refinería? ¿La construcción de un nuevo aeropuerto beneficia a la colectividad o a un grupo segmentado?,¿Cuáles son los beneficios directos de la construcción de un tren de alta velocidad? ¿Qué ocurre con todos esos elefantes blancos, llámense torres de luz, o metrobuses, que posiblemente superen una auditoría financiera o de inversiones físicas, pero realmente estás obras ¿trajeron un beneficio a la comunidad en referencia a una mejora de su calidad de vida?

¿Qué pasa con aquellos hospitales que se construyeron pero que nunca han funcionado debido a la ausencia de personal o, peor aún, no se programó su equipamiento y menos el suministro de insumos?

Marco Lógico e Indicadores

Hagamos ahora una pregunta más directa: ¿los tres niveles de gobierno utilizan la Metodología de Marco Lógico para la planeación y la construcción de sus respectivos indicadores, tal y como lo señala el acuerdo de el CONAC?

La normatividad señala que los indicadores deberán ser estratégicos y de gestión. Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.

Es muy claro que los Órganos de Fiscalización y control, deben poner un mayor énfasis en la implementación y resultados de las auditorias al desempeño, las políticas públicas deben evaluarse de una manera contundente y en el caso de que hayan sido mal diseñadas e implementadas y que no hayan logrado los resultados esperados, se deberán implementar los mecanismo jurídicos que permitan resarcir el daño causado.