El Congreso, mayor garante de la opacidad

eloriente.net

13 de febrero de 2014

Por: Adrián Ortiz Romero

Impunidad para munícipes y para sí mismos

¿Qué se puede decir de una Legislatura que, al mismo tiempo, inhibió toda acción en contra de presidentes municipales a los que se acusaba de escandalosa corrupción y enriquecimiento, y se procuró la más completa opacidad y discrecionalidad en el manejo de sus recursos económicos? Eso es lo que hizo, a la vista de todos, la LXI Legislatura local.

En efecto, resulta abominable la desmemoria colectiva. Pero si recordamos, hace apenas cincuenta días, en Oaxaca hablábamos con toda amargura de la forma en cómo varios Ediles del periodo de gobierno anterior al actual, habían dejado en un verdadero estado de quiebra a sus municipios.

Eso se denunciaba, al mismo tiempo, de Ayuntamientos como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, San Pedro Mixtepec, Oaxaca de Juárez, y varios otros en los que incluso tuvo que intervenir el Gobierno del Estado para rescatar sus finanzas y suplirlos en el cumplimiento de ciertas obligaciones. Se puede decir misa para justificar las omisiones y la impunidad, pero lo cierto es que esas autoridades municipales que cometieron escandalosos actos de corrupción, lo hicieron a la vista de todos y de prácticamente todos existen las denuncias correspondientes hechas, en particular, ante el Congreso del Estado.

¿Por qué ahí? Existen varias razones por las cuales el Congreso es corresponsable directo de dicho saqueo: primero, porque la instancia que constitucionalmente está facultada para conocer los asuntos relacionados con los municipios, es la Legislatura del Estado. Ésta es la que tiene facultades sobre los municipios, y es sobre quien recae la responsabilidad de vigilar su funcionamiento, y de desaparecer los poderes municipales de una demarcación cuando se están transgrediendo gravemente los principios que deben regir su funcionamiento.

En segundo término, la Legislatura local es la responsable de vigilar el correcto funcionamiento de los municipios, la aplicación honesta de los recursos que recibe, y el combate a la corrupción, porque el órgano fiscalizador de la entidad depende directamente del Poder Legislativo. En ese sentido, dice la Constitución del Estado (artículo 65 bis) que la Auditoría Superior del Estado es el órgano técnico del Congreso que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de los Poderes del Estado y Municipios (…) La revisión y fiscalización se constreñirá a la Cuenta Pública del año inmediato anterior y las situaciones excepcionales que prevea la Ley.

En un tercer momento, el Congreso es asimismo corresponsable de la “omisión” porque resulta que social y políticamente, no existe otra instancia del sector público que tenga el contacto más directo con la ciudadanía que éste, y además porque los mecanismos de control político de los Ayuntamientos son facultad del Congreso local. En particular, existen docenas de denuncias en las que ciudadanos de distintas comunidades denunciaron irregularidades graves cometidas presuntamente por sus autoridades. A partir de esos señalamientos, en la gran mayoría de los casos los ciudadanos inconformes solicitan a la Legislatura que, o desaparezca los poderes en la localidad, o que cuando menos lleve a cabo auditorías y revisiones a la gestión de los ediles denunciados.

En concreto, ¿podemos saber los ciudadanos cuántas denuncias fueron presentadas ante comisiones permanentes del Congreso local, tales como Administración de Justicia, Gobernación e Instructora? ¿Podemos saber los ciudadanos cuántas de esas denuncias fueron atendidas por los representantes populares que integraron la LXI Legislatura local? Queda claro que la primera respuesta a todo eso es la opacidad. Pero la segunda, junto a la primera, es la clara evidencia de que por acción u omisión hubo actos tendientes a consolidar la impunidad en esos casos.

Impunidad, por doquier

Por eso no sólo nunca nadie investigó a personajes como José Julio Antonio Aquino, sino que éste mismo, apoyándose mutuamente con el impresentable Alejandro López Jarquín, que entonces era diputado local, buscaron consolidar la impunidad en sus respectivos ámbitos. Y es que juntos, uno siendo edil de Xoxocotlán y el otro diputado, querían intercambiar sus puestos con el ingrediente de fondo de que ambos creyeron que podían hacer lo que quisieran con sus responsabilidades y con los recursos que tuvieron al alcance, sin tener responsabilidad ni consecuencia alguna.

Por eso, Antonio Aquino se dio el lujo de incumplir todos los llamados que le hizo el Poder Legislativo para que compareciera al procedimiento de juicio político que se le llevaba (y no tuvo ninguna consecuencia); y hasta hace unas semanas López Jarquín creía que los excesos que él y los demás coordinadores parlamentarios cometieron en el reparto ilegal del dinero público, podría quedar en la más absoluta impunidad.

¿Qué pensar de todo esto, si las mismas evidencias apuntan a que también, en el mismo Congreso, buscaron que todas las cuentas no fueran revisadas por instancia alguna, y hacer valer ese engañoso principio de que “la soberanía” del Poder Legislativo era un sinónimo de extra legalidad o metaconstitucionalidad, a partir del cual su función era autónoma y ajena a cualquier proceso de fiscalización. Esa visión soberbia, en realidad lo que escondía era la reticencia de los diputados para que se conociera el verdadero estado financiero del Poder Legislativo y los excesos cometidos al violar el principio de que todo gasto erogado por un ente público debe emanar de una ley.

Hoy lo único que queda es que, en lo inmediato, el Poder Legislativo audite el pasado y el presente y que lo haga a la luz ya no de su supuesta voluntad o “concesión” a la ciudadanía, sino que lo haga en virtud de la escandalosa corrupción que los aqueja. Y en un segundo momento lo que debe establecer son mecanismos para eliminar la discrecionalidad que hoy en día es moneda de cambio en el Congreso local.

¿Y los ediles?

Lo mismo debe ocurrir con la impunidad prohijada a los ediles. Éstos han actuado con libertades excesivas derivadas de la protección que les ha brindado el Poder Legislativo para evadir sus responsabilidades. Pero ese poder excesivo que acumularon ciertas comisiones de la LXI Legislatura debe ser acotado. No es posible que en la pluralidad el poder decida ponerse de acuerdo para violar la ley. Lo que debería ocurrir es exactamente lo contrario. Es impensable, aunque posible, que la pillería le gane al compromiso democrático por el que se supone que fueron electos nuestros representantes populares.

Foto: El Oriente

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