Poderes locales se preparan para 2ª controversia

eloriente.net

30/mayo/2014

Por: Adrián Ortiz Romero

Poderes locales se preparan para 2ª controversia

Alargan la resistencia, aunque se prevé resultado

En el escenario magisterial, sólo dos cosas quedan perfectamente claras: primera, que el paro indefinido de labores de los trabajadores afiliados a la Sección 22 del SNTE iniciará cuando sea inminente la presentación de la iniciativa de Ley Estatal de Educación ante el Congreso local, y segunda, que es muy probable que una vez aprobada la legislación estatal, haya una segunda controversia constitucional del gobierno federal contra Oaxaca. Las razones son muy concretas. Pero, hace falta distinguirlas y entenderlas.

En efecto, hace unos días nos planteábamos algunas preguntas (ver Al Margen 26.05.2014) respecto al porvenir del conflicto magisterial y las posibles posturas que tomen las fuerzas partidistas representadas en el Congreso. ¿Qué hará el PRI? –nos preguntábamos– ¿Presentará, movido por las circunstancias, una iniciativa de Ley Estatal de Educación alterna a la oficial, que sea contraria a lo que quiere la Sección 22? ¿Se atreverá a votar en contra de la iniciativa oficial, a costa de ser aplastado gracias a las incongruencias y la venta del voto que ellos mismos estimularon en los diputados del Panal, Movimiento Ciudadano, PUP y PSD? ¿O van a tomar el camino fácil de no asistir a la sesión en donde se discuta la iniciativa, para ser cómplices por omisión de la aprobación de dicha norma?

Esas preguntas no son sencillas de responder. Pues en un primer momento, queda claro que en Oaxaca el PRI no es la oposición contestataria que pudiéramos suponer, pero tampoco es la oposición que, a través de las propuestas, suple las deficiencias y las omisiones del oficialismo. El PRI y su fracción parlamentaria más bien son una oposición inerte que evitar reaccionar innecesariamente y se pliega a los intereses oficiales cuando los temas son importantes para el régimen gobernante, y sólo cuando los asuntos son menores o intrascendentes decide salir al paso para nutrir su apariencia de partido opositor.

En ese escenario se da la reforma a la Ley Estatal de Educación, bajo una circunstancia particular: aunque a la federación le ha importado un cacahuate lo que sucede en Oaxaca, resulta que en este tema sí está interesada, y tan lo está que ya presentó una controversia constitucional en contra de los poderes estatales a partir de la omisión de armonizar el marco educativo estatal en los plazos que respectivamente establecieron los transitorios de la reforma constitucional y de las leyes secundarias federales en la materia.

Esto particulariza el contexto. Pues en este caso el PRI habrá de buscar una postura que consense sus acuerdos con el gobierno estatal y los partidos aliados en el Congreso local, con lo que le mande la cúpula de su partido desde la Ciudad de México. El tema no es nada sencillo. Pues seguramente el gobierno estatal y los partidos coaligados le pedirán al PRI local que apoye una iniciativa de ley que posiblemente cumpla cabalmente con los requerimientos de la Sección 22, pero que por ende no se ajuste a lo que dice la Constitución (recordemos que la base de la resistencia magisterial es desconocer toda reforma educativa a la Constitución federal).

Pero, en contraparte, el PRI nacional y el gobierno federal harán todo lo posible porque la fracción parlamentaria del tricolor impulse una iniciativa que respalde el proyecto reformador del Presidente de la república, aunque éste vaya completamente en contra de lo que dice la Sección 22 del SNTE.

Esa es la mitad del problema. La otra mitad es la decisión que tome la mayoría en el Congreso local y los efectos que tenga esa reforma local en el ámbito nacional.

Segunda controversia

En el momento en que el Congreso del estado apruebe las reformas a la Ley Estatal de Educación –y el Ejecutivo no las vete y las promulgue y publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado– la controversia constitucional presentada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quedará sin efecto y deberá ser sobreseída. La razón es simple: esa controversia tiene como base la omisión del Congreso a legislar. Por eso, una vez que lo haya hecho, y al margen del contenido de la norma, la controversia ya presentada se quedará sin materia y entonces deberá ser sobreseída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, ello no constituye ninguna victoria para Oaxaca. Pues el hecho de que se sobresea a su favor la primera controversia no significa que dicho medio de control constitucional no pueda ser hecho valer por otras causas, relacionadas con la misma reforma educativa. ¿De qué hablamos? De que si la iniciativa aprobada genera el sobreseimiento de la primera controversia, esto no significa que no pueda haber una segunda controversia relacionada con el contenido de la ley. Ahí está una segunda clave fundamental en este asunto.

Es muy probable que en aras de ajustarse al programa político y no enfrentarse con la Sección 22, el gobierno estatal, los partidos aliados del gobernador en el Congreso, y las fuerzas minoritarias aprueben una norma que no necesariamente se ajuste al contenido de la Constitución de la república. Si ello ocurre, entonces Oaxaca nuevamente estaría cumpliendo a medias su obligación de legislar, aunque de nuevo le estaría apostando al conflicto con la federación, en aras de demostrarle al magisterio que ellos son sus aliados incondicionales, pero que los alcances de esa alianza tienen un límite que es lo que la federación no le va a permitir a ninguno de ellos.

Al final, es claro que ésa sería la salida más políticamente correcta, porque le quitaría a los poderes de Oaxaca –que son débiles en sí mismos– la carga de ser ellos quienes se opongan a un magisterio que es democrático, pero que no acepta disidencia, y le cargaría la responsabilidad a la federación, que de todos modos buscará el mecanismo para hacer efectivo el contenido de la reforma educativa. Este es un escenario ominoso, pero nada lejano. Esto pondrá a prueba la congruencia de todas las fuerzas (que hoy en día están casi extintas) y su capacidad de sostenerse a pesar de las circunstancias.

Debilidad

 Todo esto demuestra el tamaño de la fragilidad institucional en nuestro estado. No es capaz de sobreponerse a un grupo de presión, a un poder fáctico, que a fuerza pretende lograr su cometido, cueste lo que cueste a quien sea. Esto es terrible, pero somos testigos de ello. ¿Los oaxaqueños, cuándo seremos liberados de nuestros “libertadores”?

Foto: El Oriente

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