Impunidad en la función pública, a la vista de todos

eloriente.net

27/agosto/2014

ASE, incapaz de cumplir sus funciones, ¿por quién?

Estamos a poco tiempo de que termine el primer año de gestión de las autoridades municipales, y el cuarto de las autoridades estatales, y sólo podemos tener una seguridad: que la instancia fiscalizadora será incapaz de revisar las cuentas de cada uno de los ayuntamientos, y de los entes auditables, y que eso generará un nuevo dejo de impunidad que se sumará a los que todos conocemos. ¿Habremos de indignarnos? Seguro que sí. Pero dados los hechos, nadie debiera sorprenderse que al final ese fuera el resultado.

En efecto, cuando comenzó el año la sociedad oaxaqueña se estremeció cuando conoció amplias señales de corrupción e impunidad emergidas de varios ayuntamientos. De municipios como el de Xoxocotlán, Salina Cruz, San Pedro Mixtepec, Zaachila, entre muchos otros, brotaron sendas noticias de que los nuevos ricos de cada una de esas regiones eran justamente las autoridades municipales que entregaron sus cargos al finalizar el año anterior.

Así, de José Julio Antonio o Adán López se conocieron sus nuevas fortunas y propiedades inmobiliarias amasadas en apenas tres años; de Eduardo Rojas Zavaleta se supo de la existencia de una cuadra de caballos con valor de varios millones de pesos; o de Salina Cruz se supo del tiradero dejado por la autoridad saliente, que con magia “limpió” todas sus cuentas al pasar a ser diputado local. La gran pregunta, en esos y muchísimos otros casos era: ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado no hace algo para investigarlos, perseguirlos y sancionarlos?

La respuesta simple lleva a pensar en la complicidad y en los acuerdos políticos para evitar las persecuciones. Sin embargo, queda claro que en más de un caso —en la inmensa mayoría de ellos— lo que ocurre es la combinación de una voluntad institucional encaminada a mantener débil al órgano de fiscalización de la entidad; y de un Congreso que está más preocupado por vigilar a la Auditoría Superior con recursos y burocracia legislativa, que por ver porque ésta cumpla verdaderamente con sus funciones y tenga mayores herramientas para realizar su trabajo.

Esta combinación de factores hoy en día es un problema mayor. Pues queda claro que por un lado el gobierno estatal no ha procurado una verdadera evolución del órgano fiscalizador. A lo más que llegó en relación a la ASE, cuando anunció su proyecto de Reforma del Estado, fue a reitegrar el órgano fiscalizador y hacer un reparto “equitativo” de posiciones entre los partidos políticos. Por eso el Auditor es una posición del régimen gobernante (y del PRD), y cada uno de los subauditores responde a los intereses del PAN y el PRI. Pero fuera de eso no se le dio nada más a la ASE para que hiciera mejor su trabajo.

El Congreso tampoco lo hizo. Cuando dizque reformó a la Auditoría no le dio mayores facultades de fiscalización; no le dio más recursos económicos; no le brindó una estructura burocrática de carrera que garantizara un nivel constante de actualización y mejoramiento de sus procesos administrativos; y por si fuera poco no le dio las herramientas para que la ASE se ganara la confianza frente a la ciudadanía, y con ello tuviera mayor legitimidad basada en sus resultados.

Hoy, por eso, la ASE es una entelequia que está afectada por diversos factores que cancelan cualquier posibilidad de fiscalización real, de persecución a las autoridades corruptas, y de brindar confianza y resultados a la ciudadanía. Esta historia, que constituye una tragedia para el sector público, se explica a partir de datos duros como las enormes carencias presupuestales que tiene la ASE; la ausencia casi total de personal especializado en tareas de fiscalización; los salarios abrumadoramente bajos de la mayoría de los empleados de la ASE -que hacen suculenta la posibilidad de incurrir en actos de corrupción-; y la falta de apoyo del Estado para que ésta haga correctamente su trabajo.

UN ÓRGANO INCAPAZ

Lejos de ver porque la ASE hiciera mejor su trabajo, este año el Congreso le quitó presupuesto. Lo hizo para crear la llamada Unidad Técnica de Fiscalización, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la ASE, que preside el diputado Adolfo Toledo Infanzón, a la que le destinó 18 millones de pesos, que no fueron producto de una ampliación presupuestal, sino de la “reorientación” de recursos que recibía la ASE. Por eso, es paradójico —por decirlo de forma decente— que el Congreso haya creado un ente que vigila al órgano fiscalizador, pero al mismo tiempo le haya quitado elementos de funcionamiento a ese ente (la ASE) que ahora ya es observada de cerca por una comisión legislativa.

Este asunto tiene más de fondo: la ASE de Oaxaca es el órgano fiscalizador que tiene más entes auditables en todo el país (alrededor de 630), y ya de por sí era la auditoría de una entidad federativa que tenía menos presupuesto (que ahora, con los 18 millones que le quitó la Comisión de Vigilancia, es todavía más bajo); la ASE tiene menos de cien auditores —lo cual haría, en el mejor de los casos, seis auditorías por cada funcionario, y cada una de las revisiones lleva por lo menos dos meses de trabajo— y cada uno de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes.

Sin justificar una conducta indebida, pensemos: ¿cómo suponer que un auditor estatal habrá de resistirse a la tentación de incurrir en un acto de corrupción (extorsionar a una autoridad municipal con problemas de comprobación, por ejemplo; o simplemente dejarse corromper por un edil que, además, si ha robado, tiene dinero suficiente para su “defensa”) cuando su salario lo pone en una situación que prácticamente lo invita a incurrir en ese tipo de conductas?

Por eso, a nadie debiera sorprenderle cuando el propio auditor Carlos Altamirano sostiene públicamente que este año sólo podrá auditar a 70 de los 570 ayuntamientos que tiene la entidad, y que de las 20 autoridades municipales que llevan auditadas, cuando menos 10 no entregaron información sobre el estado financiero en que recibieron sus administraciones municipales. Es, en el fondo, la muestra de que la impunidad está sostenida desde el propio Estado, que ni hace una Auditoría fuerte, ni genera las condiciones para que los servidores públicos le teman de verdad a una revisión de su ejercicio.

ES EL COLMO

Que haya ex autoridades municipales que además de no haber entregado la documentación comprobatoria de sus respectivas gestiones, todavía se den el lujo de “comunicarle” a la ASE que ellos tienen los documentos pero que necesitan que ésta “se los pida”, para que ellos las entreguen. Xoxocotlán uno de varios ejemplos.

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