eloriente.net

3/noviembre/2014

Por Alejandro Salvador Cruz Pimentel*

Iniciaré con una remembranza de la década de los ochentas y principios de los noventas, para retomar nuestro presente. Un elemento que es necesario considerar en el análisis de políticas descentralizadoras es el origen del impulso descentralizador; es fundamental entender la naturaleza de las políticas propuestas: si responden a un impulso estatal central (políticas inductivas de arriba-abajo) se trataría de políticas en las que el ritmo y modalidades son conducidas desde el centro para responder a la eficiencia del aparato gubernamental. Otro caso, sería aquel que las políticas son una respuesta a demandas sistemáticas de la sociedad que exigen autonomía de decisión y participación (políticas reactivas de abajo-arriba). En el caso de México, no cabe duda alguna que el proceso se ha caracterizado por tener un carácter inductivo dominante, las iniciativas y propuestas de descentralización surgen del Centro y es el propio poder central el que ha gestado las formas, los mecanismos y los alcances del proceso. Así lo explica el Dr. Enrique Cabrero en una de sus tantas aportaciones sobre este tema.

El proceso de descentralización en México tuvo como una de sus premisas, la posibilidad para que los diferentes ayuntamientos administraran eficientemente su desarrollo económico con la finalidad de mejorar el nivel de vida y bienestar de la población que lo forma. El artículo 26 constitucional fijaba las bases para que el nivel central contara con un sistema nacional de planeación democrática (SNPD) mediante la instrumentación de un Plan Nacional de Desarrollo. Se preveía una estructura de instituciones en los niveles municipales y estatales para elaborar los planes, por un lado, y servir de enlace con los otros niveles de gobierno, por el otro. En este sentido, los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD) se diseñaron como un instrumento financiero que plasmaría la participación y autonomía de decisión de los estados y municipios a través de los Comités para la Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE). Este instrumento facultaba a la Federación y a los Estados a convenir inversiones y por su parte que los estados hicieran lo mismo con los municipios. Eso era la lógica pensada, la realidad fue otra.

En distintos análisis del proceso decisorio intergubernamental, quedo demostrado que su importancia fue relativa, no tuvo un grado de eficacia importante. Lo que si se observó, fue la existencia de procesos decisorios “paralelos” y usos distintos, por citar algunos: intervención federal mediante otros programas, gobiernos estatales atendiendo compromisos con grupos afines, otras veces se fueron a “compromisos de campaña” de algún diputado o senador. Fue clara la capacidad de regulación del proceso de decisión por parte del gobernador de cada estado, el cual, si bien estaba sujeto a instrucciones del centro, tenía la capacidad operar con cierta discrecionalidad y con criterios clientelares la lógica descentralizadora con sus municipios. Se acuñó la frase: “Lo que entra a las arcas del Estado, es del Estado”.

En el lado opuesto, Carlos Salinas de Gortari, a través del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) alteró el sistema de relaciones intergubernamentales, es decir, “neutralizó” a ciertos actores y coaliciones en los espacios locales, surgiendo así, la envestidura de los Delegados Federales del PRONASOL en cada entidad. Los procesos de decisión sobre la asignación de recursos se concentraron más, el Delegado recibía directamente propuestas de comunidades o grupos de población, los gobernadores tenían la capacidad de incorporar rubros de inversión pero era necesario un acuerdo con el Delegado. Estas estrategias lograron neutralizar la capacidad de regulación en las decisiones por parte de los gobernadores y del mismo modo, la capacidad de establecer relaciones de intermediación y clientelismo por parte de los presidentes municipales. En conclusión, el PRONASOL prefirió desplazar a los actores gubernamentales locales ante el ejercicio caciquil concentrador y regulador de poder que prevalecía en esa época.

Hoy 20 años después, regresamos a lo que hizo Don Carlos Salinas de Gortari, pero ahora con el Presidente Peña Nieto y con el aval de los Diputados y Senadores de oposición que reciben discrecionalmente sus fondos conocidos como “los moches” a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Se modificaron las relaciones intergubernamentales, los gobiernos estatales en muchos programas de obras y acciones establecidos en PEF, pasaron a segundo término. Los Delegados Federales en los Estados, regresaron para maniobrar recursos directamente con los presidentes municipales. Ya no se requiere que el gobierno estatal mantenga en sus arcas el dinero de los municipios, dineros que se pasaban generando intereses por más de 6 meses y entregados en el último trimestre; ya no requiere el trámite burocrático que tenían que realizar los presidentes municipales para que les pagaran las obligaciones contraídas. Ahora están siendo tratados como “mayores de edad”. Para no hacer tediosa la lectura mencionaré solo algunos, en el lado del Ejecutivo, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano (SEDATU) opera el programa “Fondo a la Urbanización Rural (FUR)” que tiene su sustento jurídico en el artículo 4 de nuestra Carta Magna y como población objetivo las localidades rurales con alto y muy alto grado de rezago social. Contó con 200 millones de pesos dispensados en 100 municipios, cada uno con dos millones de pesos; clientelar a más no poder. Dejo este enlace http://youtu.be/uYp2WwlfYKw donde podrá el centralismo de hecho, no se observa a ningún funcionario del gobierno estatal en el banderazo de obras, el discurso evidencia la fractura en las relaciones intergubernamentales. Del otro lado, en el Legislativo, tenemos el Fondo de Pavimentación que sirve para allanarse de fondos para posteriores campañas y para promocionar su imagen. La propaganda de Senadores y Diputadas va en aumento, al menos en Oaxaca, las obras “las hacen suyas” para promoverse electoralmente, incluyen imágenes, nombres y corrientes políticas, contraviniendo el artículo 134 Constitucional. Estos fondos se gestan en el momento de aprobar el PEF, negocian las obras que van a “construir” ellos directamente los Municipios, la bolsa en este 2014 fue de $ 5 mil millones de pesos. Por supuesto que sin la venia de los Gobernadores o del Ejecutivo Federal. Estas son las obras donde nuestros y nuestras representantes populares hacen presencia para hacer hincapié de su gestión legislativa a favor de los más necesitados; son donde enseñan el músculo de su poder político. Este enlace muestra los dichos https://twitter.com/evdiec/status/526166134908018688/photo/1 En consecuencia, al ser “obras etiquetadas” aparecen otros actores, los asesores, señalando el contratista y el monto aprobado. Aquí es donde se fraguan los tan traídos y llevados “moches”.

Esta es la triste historia de nuestro federalismo, así se comportan en estos momentos las relaciones intergubernamentales, operan desde el centro con los Poderes Ejecutivo y Legislativo y los municipios como objetivo. Los gobiernos estatales, al margen.

*Consejero consultivo de la COTAIPO
Tuiter: @acruzpi

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Foto: Archivo ELORIENTE.NET

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