eloriente.net

11 de febrero de 2015

Editorial

«Todo militante priísta debe asumir cabalmente las normas de la más acendrada moralidad pública, y darle sentido irrenunciable de una cuestión de honor»

Artículo 4, Código de Ética Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

La agresión del diputado local del PRI, Fredy Gil Pineda, al Secretario de Turismo y Desarrollo Económico estatal, José Zorrilla, confirma por la vía del agravio físico lo que por las vías política y administrativa ha quedado demostrado en múltiples ocasiones: el Congreso de Oaxaca vive una crisis latente y cada vez más profunda.

Desde los desvíos financieros ampliamente comentados por un sector de los medios de comunicación, hasta la falta de formación de una buena cantidad de legisladores, han sido factores que gradualmente han ido agravando esta crisis que es preocupante por muchas razones pero sobre todo por una en particular: la representación popular está quebrada, pues nadie en su sano juicio puede decir que estas legisladoras y legisladores hablan por y para los ciudadanos oaxaqueños.

Tenemos pues un pueblo sin Congreso. Impensable en cualquier democracia.

Sin embargo, formalmente sigue funcionando y ejerciendo las facultades que la Constitución le otorga lo cual lo coloca como un verdadero peligro para el presente y el futuro del estado.

Por ello, va siendo tiempo de que —considerando la ausencia e inoperancia de instancias estatales para orientar el actuar de las fracciones parlamentarias—, las estructuras nacionales de los partidos políticos representados en el Congreso local, asuman cierta parte de la responsabilidad por el actuar de sus militantes.

En el caso específico del actuar del diputado Gil Pineda es fundamental que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI asuma un pronunciamiento y acciones determinantes para que espectáculos como éste sean sancionados y no vuelvan a repetirse.

El artículo 4 citado arriba y demás relativos del Código de Ética del PRI, cuya última versión disponible es de apenas el 8 de agosto de 2014, signada por el propio César Camacho Quiroz, presidente del partido, es claro en establecer que sus disposiciones son de observancia general y nacional para todos los miembros, militantes, dirigentes y simpatizantes del partido.

Establece asimismo que las Comisiones de Justicia Partidaria y las Defensorías de los Derechos de los Militantes «deberán conocer de las infracciones que se cometan al presente Código, respetando siempre la garantía de audiencia».

En esto, tendrá que considerarse además que no es la primera ocasión que el legislador Gil se ve involucrado en este tipo de actos. Apenas en diciembre de 2014, aceptaba para ORO que «la razón principal por la que vino de la región de la Costa a la capital oaxaqueña es a ahacer política y agregó ‘los golpes son extras nada más'».

Es una exigencia ciudadana que los partidos asuman la responsabilidad que les corresponde, y en este caso no puede esperar un pronunciamiento y una posición severa por parte de las instancias nacionales del PRI.

De otra manera, ¿con qué autoridad pueden solicitar el voto y la confianza ciudadana en las próximas elecciones federales? ¿Con cual garantía podrán presentarse como opción para el gobierno estatal en 2016?

 

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CEN PRI cc primera generación Escuela Nal de cuadros

Imagen: Licencia CC

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