División geoestadística municipal y municipios con mayor población (Región Istmo), INEGI, Anuario 2016.


eloriente.net

12 de septiembre de 2017

Editorial

El 7 de septiembre pasado, como lo ha escrito Juan Pablo Vasconcelos, nos ha cambiado la vida. Entre otras cosas, porque caímos en cuenta de nuevo —alguna vez fue indudable pero la fuerza de la costumbre nos devuelve a la inercia—, de que podemos morir colectiva, numerosamente, en un abrir y cerrar de ojos.

El sismo en tierra sísmica se apareció otra vez.

La reiteración no es gratuita. Vivimos en un territorio marcado por la naturaleza y más vale que volvamos a pensar, trabajar y prepararnos en esa lógica de aquí en más.

De aquí en más porque es evidente que lo dejamos de hacer. Desde hace muchos años relajamos las políticas de protección civil, prevención de desastres, reglamentos de construcción, entre otros, y nos dimos a la tarea de hacer como que nunca pasará nada, como si fuéramos un pueblo invencible incluso por la naturaleza.

Sin embargo, el 7 de septiembre pasado nos devolvió a la realidad.

Una realidad que cuenta ya cerca de un centenar de víctimas mortales y más de 41 municipios damnificados. Edificios emblemáticos como el Palacio de Gobierno de Juchitán o el propio hospital del lugar, así como otras construcciones no tan emblemáticas pero sí muy importantes para los pobladores, han sido destruidas.

Pueblos enteros tendrán que reconstruirse.

Y esto no es una mera expresión de sentido común, sino que debe entenderse en toda su complejidad y dificultad. Quien esté buscando soluciones rápidas y producto de la fantasía, está equivocado.

Hace algunos días incluso, en una entrevista nacional con Carlos Loret, el gobernador Murat señalaba que a 96 horas de la tragedia, apenas había recorrido 20 de los 41 municipios afectados. Lo cual no debe leerse como reproche sino como una demostración de la complejidad del caso, que necesita verse primero como urgencia, pero también como problema a resolver en el menor tiempo posible.

El gobierno no tiene la responsabilidad de lo sucedido —faltaba más—, y en esa medida, la exigencia de ayuda y resolución debe ser, al menos, razonable.

Tiene la responsabilidad de responder eficaz y eficientemente a la emergencia, pero sin que ello quiera decir que deba resolverla en su totalidad en un abrir y cerrar de ojos como en los milagros televisivos.

Eso no existe.

Por eso, ha sido muy importante la comprensión que un buen número de ciudadanos a demostrado al enviar ayuda y víveres a la zona colapsada, pues así el mensaje de la gente es muy claro: ya sabemos que el gobierno no tiene los recursos suficientes para responder en solitario a la tragedia y por eso necesitamos unirnos de manera especial.

Pero el mensaje ha sido tan poderoso, que a la ignorancia que pulula en la mente de ciertos personajes, le ha dado margen para dibujar ahora a nuevos verdugos: los políticos que, se dice, están aprovechando y lucrando con la tragedia de los lugareños, haciendo entrega de víveres y organizando pequeños mítines con intereses mezquinos.

 

División geoestadística municipal y municipios con mayor población (Región Istmo), INEGI, Anuario 2016.
División geoestadística municipal y municipios con mayor población (Región Istmo), INEGI, Anuario 2016.

De nuevo, es el mundo al revés. Se quejan de lucro, quienes le prestan cámaras, micrófonos y luces a esos personajes, quienes al parecer no tienen más imaginación que cubrir lo que éstos hacen y no, por ejemplo, las instancias, organizaciones y personas que en efecto están haciendo algo trascendente y profundo por la sociedad.

Pero no es todo en el tema. Asumiendo la exclusividad de la ayuda, el gobierno también ha llamado a no lucrar con la tragedia, cuando es también factor a considerar, el trasfondo político que toda intervención estatal lleva consigo.

No en vano el propio presidente Peña haya desplegado a responsables de su gabinete como encargados municipales de la recuperación del desastre:

Santo Domingo Tehuantepec, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.

Matías Romero, San Juan Guichicovi, San Miguel y Santa María Chimalapas, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Juchitán de Zaragoza, José Calzada, Secretario de Agricultura y René Juárez, Subsecretario de Gobierno.

Ciudad Ixtepec, Santiago Laollaga y El Espinal, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, director de Liconsa.

Asunción Ixtaltepec, José Narro, Secretario de Salud.

Santa María Xadani y San Francisco del Mar, Nuvia Mayorga, titular de CDI.

Unión Hidalgo, Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía y José Ángel Pérez Barrón.

Barrio de La Soledad, Santa María Petapa, Santo Domingo Petapa y Santo Domingo Ingenio, J. Rodarte, Coordinador General de Centros SCT.

San Francisco Ixhuatán, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar, Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo.

Guevea de Humboldt, Mixtequilla y Santo Domingo Lachiguiri, Santa María Totolapila y Santo Domingo Chihuitán, Jesús Alcántara, Director General del INSUS.

Salina Cruz, Magdalena Tequisistlán, San Miguel Tenango y Santiago Astata, José Antonio González Anaya, director general de PEMEX.

Jalapa del Márquez, Magdalena Tlacotepec, San Mateo del Mar y San Pedro Huamelula, Rafael Pacchiano, Secretario de Semarnat.

San Blas Atempa, San Pedro Huilotepec y Santa María Guienagati, Enrique Raya, representante del INEA.

San Pedro Tapanatepec, Chahuites, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec y Reforma de Pineda, Enrique Torres Rivera, director del CONAFE.

Sería ingenuo pensar que, bien o mal, el desastre no es también un hecho político que muy posiblemente pueda transformar las condiciones electorales en la región.

Una región que además ha mostrado tener un marcado acento de pluralismo, con énfasis opositor, que no puede desconocerse.

Juchitán, Salina Cruz o Tehuantepec, algunas de las ciudades más importantes del estado, han sido gobernadas por diversos partidos de izquierda o derecha, y al menos hasta el 7 de septiembre, era muy posible que igualmente eligieran en 2018 a partidos distintos al PRI.

Es verdad que tocar el nombre de partidos puede ser incorrecto. Pero se pecaría de inocencia quien no lo haga, más áun si el estado estará ocupado prácticamente por el gobierno federal al menos los próximos doce meses.

Un estado de excepción en la práctica que seguramente modificará el mapa electoral en Oaxaca, en perjuicio de quienes ya veían una victoria segura el próximo año.

Esto provoca y seguirá provocando movimiento inusitados de diversos actores y es en este marco como debe leerse el reclamo de lucro político tan actual en este momento del estado.

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