(www.eloriente.net, México. 2 de octubre de 2017. Por: Jessica Lamadrid).- El pasado 25 de Octubre de 2016 se presentó en la Cámara de Senadores la iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB) por la senadora Ninfa Salinas, perteneciente al Partido Verde Ecologista, esto en marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad que se celebró en nuestro país durante ese año.

Con la aprobación de este proyecto de ley (que aún se encuentra en discusión), se busca regular y conservar la biodiversidad del país, al contemplar los siguientes puntos dentro de su contenido:

1. Incorporar el Protocolo de Nagoya a la legislación mexicana. El cual es un convenio internacional que regula el acceso a los recursos naturales y genéticos, con el fin de obtener una participación justa y equitativa en la sociedad en donde se aceptó cumplir con dicho convenio, que fue aprobado el 29 de octubre de 2010 y entró en vigor el 12 de octubre de 2014 en diferentes países.

2. Integrar las disposiciones de biodiversidad en un solo ordenamiento que tenga disposiciones transversales y señale la concurrencia entre los tres niveles de gobierno.

3. Fortalecer y actualizar las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

4. Conservar la biodiversidad de México.

No obstante al poco tiempo de haberse dado a conocer este proyecto de ley, comenzó a ser muy criticado por diferentes organizaciones ambientales, tal fue el caso de Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Gema, Defenders of Wildlife de México, entre otras. Todas argumentando que esta ley solo fue creada con parches de otras leyes y que se incluyen secciones completas de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que en conjunto sólo logran contradicciones, incongruencias, lagunas jurídicas y confusiones.

De esta manera denunciaron que afectará negativamente a especies vulnerables y áreas naturales que están protegidas en la legislación ambiental vigente, debido a que será difícil de aplicar y tomará décadas de reformas legislativas para enmendar sus múltiples problemáticas. Ante esta situación Gustavo Alanís Ortega, director general del CEMDA publicó en su artículo de opinión del Universal que son cuatro las debilidades que esta ley presenta y deben de tomarse a consideración:

1.- No se garantiza el control cultural que los pueblos originarios han hecho de los recursos naturales tradicionalmente manejados, es decir, que la iniciativa no se desarrolla bajo un enfoque de derechos, como lo establecido en el Protocolo de Nagoya.

2.- Se fexibiliza las actividades permitidas dentro de las Áreas Naturales Protegidas y se complejiza el procedimiento para expedirlas.

3.- El esquema que se propone de participación ciudadana continúa en un carácter de asesor, más no de tomador de decisiones, a menos que se contemplen mecanismos culturalmente adecuados para garantizar el acceso a la información y la toma de decisiones de los pueblos y comunidades indígenas.

4.- No se ha garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios y comunidades equiparables.

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