eloriente.net
6 de febrero de 2014
En días pasados, 379 diputados aprobaron la modificación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el fin de proteger y garantizar, en los tres niveles de gobierno, el acceso de este sector de la población a una educación íntegra, un sistema de salud adecuado, derechos laborales, vivienda, acceso a edificios públicos y privados, transporte y actividades deportivas.
Dentro de las reformas importantes que se hicieron, está la del artículo 4 de la ley, donde se establece que la Administración Pública deberá poner especial atención a los casos de personas con discapacidad expuestas a un grado mayor de discriminación y vulnerabilidad, o bien que requieran más apoyos en la toma de decisiones.
Algo que me parece un gran acierto, es que se haya determinado que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá integrar en los libros de texto gratuito, información sobre las personas con discapacidad, lo que va a permitir informar, sensibilizar y concientizar a los estudiantes sobre los derechos de las personas con discapacidad, y sin duda alguna, será un paso importante para lograr su inclusión social.
Por otra parte, se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) promoverá convenios con medios de comunicación, para difundir en radio y televisión una imagen de las personas con discapacidad desde una perspectiva de dignidad y respeto a la diversidad humana. También participará la SCT, en acciones para promover el acceso a las personas con discapacidad a servicios de transporte público, capacitando al personal para su atención y vigilando su libre acceso en compañía de perros guía o animal de servicio a quien lo requiera.
En cuanto al tema laboral, se determinó que será tarea de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social atender las competencias y derechos de las personas con discapacidad al momento de diseñar y ejecutar las políticas para su inclusión laboral en los sectores públicos y privados.
Respecto al derecho a la vivienda, se vuelve obligatorio cumplir con la normatividad en la materia y el diseño universal tanto en proyectos de construcción como de modificación de viviendas para personas con discapacidad. Así también se insta a las instituciones privadas de vivienda a otorgar facilidades para recibir créditos para la adquisición de viviendas a quienes se encuentran en esta condición, además de hacer partícipes a aquellas instalaciones con acceso público para que garantice a dichas personas accesibilidad a la infraestructura y servicios que prestan.
En el tema de salud, es responsabilidad de la Secretaría de Salud (SSA) contemplar a las personas con discapacidad como usuarios en los programas generales de salud en condiciones de igualdad, además de especificar los apoyos que requieren en el certificado de reconocimiento y calificación que expide a estos individuos.
Y finalmente, establece mecanismos para obligar a los diferentes órganos de gobierno a la adopción de medidas administrativas, legislativas y judiciales para dar cumplimiento a la vigencia de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Me parece importante reconocer estos cambios que se han realizado y destacar que por fin, el tema de la discapacidad se está contemplando como una política transversal, que no es únicamente responsabilidad de una dependencia, sino es algo que atañe a todos los sectores, de todos los niveles de gobierno.
Que tengan una bonita semana, Dios nos bendiga mucho.
Autobuses para discapacitados en Argentina.
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