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23 de marzo de 2015

Por: Víctor Manuel Cruz Martínez*

 

El concepto de competencia, resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto que todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, entonces es posible decir que son recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar ante diferentes circunstancias, desde sí y para los demás.

Las competencias implican la combinación de conocimientos, habilidades y valores en contextos situacionales, estos habilitan a una persona para seleccionar y aplicar correctamente aprendizajes adquiridos en diversas situaciones profesionales y en los diversos roles de su vida, como ciudadano, como padre de familia, etc.

A la política podemos conceptualizarla como: la manera de ejercer el poder público a través de las instituciones y facultades del Estado, con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad, para procurar la gobernanza, establecer la aplicación del estado de derecho, generar condiciones de gobernabilidad y alcanzar el bienestar colectivo de los ciudadanos.

El político por ende es aquel ciudadano que desde la función pública ejerce ese poder público y hace política. La pregunta inmediata sería entonces: los funcionarios que ejercen directamente el poder público ¿son realmente competentes?

El concepto de competencia posee un significado de unidad e implica que los elementos del conocimiento tienen sentido solo en función del conjunto. En otras palabras aunque se pueden fragmentar sus componentes, por separado no constituyen la competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad de elementos y no solo de algunas partes.

Por tanto un político o un funcionario público competente, debe estar preparado en el área específica en que se desempeña, practicar ese conocimiento para poder manejarlo con naturalidad y pericia, y al ser hábil en la ejecución de determinadas acciones administrativas o ejecutivas, realizarlas con ética profesional y valores.

Aunque jurídicamente no está regulado en todas las áreas de los diferentes poderes del Estado, el hecho de tener determinados estudios o grados académicos para poder desempeñarse como funcionario público, sí podríamos asegurar con base en la teoría de competencias, que tendríamos mejores políticos y funcionarios, si estos estuviesen especializados en las áreas que desempeñan, si tuviesen experiencia probada en lo que desempeñan y si se manejan bajo los principios de la ética profesional.

Así el diputado especializado en derecho seguramente será más eficaz en la elaboración de proyectos de ley, que beneficien e impacten a la ciudadanía o el administrador público que tiene exámenes de control de confianza y calidad, a través de exámenes por oposición, demostrara ser capaz de ejecutar las obligaciones profesionales sobre las que esté a cargo.

Evocando la ética profesional, ojala sea el anhelo de nuestros políticos el servir realmente a los gobernados, y con ello visualizar en su preparación profesional, la conciencia de saber que para dar un buen servicio público es necesario prepararse intelectualmente.

Este mensaje debe repercutir en las y los jóvenes mexicanos que desean servir a su estado y a su país desde la función pública, con pasión con honor, con principios, con ética profesional, sin duda alguna la construcción de una mejor sociedad recae ahora en los hombros de nosotros los jóvenes, es su oportunidad, un derecho y más que un derecho una obligación de aportar al desarrollo de la sociedad como funcionarios públicos y políticos competentes.

Contacto para dudas y comentarios: email:

vicman_2027@hotmail.com

Twitter: @Vicmanc27

*El autor es Oaxaqueño. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Diplomado en conceptos e instrumentos de políticas públicas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas; Diplomado en habilidades directivas por el Tecnológico de Monterrey; en ciencias políticas, socio-economía, ética y filosofía política, por la división de estudios en política de la Fundación Colosio. Miembro del consejo directivo y secretario académico de la Fundación Colosio Filial Oaxaca.

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