eloriente.net

20 de mayo de 2014

Por: Miguel Carbonell

Las importantes reformas que se han aprobado en los meses recientes y las que todavía están en curso de aprobación se van a enfrentar muy pronto al más grande de todos los retos: el de su aplicación práctica.

Es seguro que transformar en realidad reformas de carácter estructural como la energética, la laboral, la financiera, la de los juicios orales en materia penal, la de telecomunicaciones o la político-electoral, va a requerir de enormes dosis de talento político, pero también y sobre todo de capacidad jurídica.

A México le urge contar con abogados bien preparados que tengan la calidad profesional suficiente para imaginar nuevas rutas de litigio y arreglo de problemas, con mayor apertura al conocimiento que les aportarán los ingenieros (en el caso de la Reforma Energética por ejemplo), los contadores, economistas e incluso politólogos, y con una renovada ética profesional.

Tenemos que pasar del modelo de abogado acostumbrado a litigar casos civiles o penales -a veces por problemas que involucran montos irrisorios de dinero, pero que colapsan los juzgados y las agencias del Ministerio Público ante la falta de una cultura de arreglo extrajudicial de problemas-, a un modelo de jurista que sepa acompañar los procesos globales de grandes empresas, que sepa encontrar puntos de encuentro y no siempre pretextos para litigar, que aliente los procesos de reforma y no que los estorbe.

Las escuelas y facultades de derecho pueden convertirse (deben hacerlo, mejor dicho) en palancas para apoyar las grandes transformaciones de la sociedad mexicana. En ellas estudian hoy más de 280 mil jóvenes que aspiran a obtener un título de licenciado en derecho o abogado, el cual los habilitará para ejercer alguna de las diferentes modalidades profesionales que permite esa rama del conocimiento.

¿Estarán esos jóvenes debidamente preparados para desempeñarse con éxito en una audiencia de juicio oral? ¿Tendrán los conocimientos necesarios para convertirse en asesores de empresas mexicanas o extranjeras que operan en mercados transnacionales? ¿Contarán con una cultura jurídica que en la práctica consiga generar acuerdos en vez de fomentar pleitos?

No son pocos los países que han fracasado en sus procesos de reforma porque los profesionales del derecho han interpuesto mil y una barreras para hacer imposible cualquier tipo de cambio. Los abogados tienen un papel central por jugar para hacer que las reformas funcionen. No serán meros espectadores, sino que por fuerza deberán tomar partido entre el inmovilismo y el cambio estructural que millones de mexicanos reclaman y que en parte ya está dibujado en nuestra Constitución y nuestras leyes.

Por eso, y por muchas otras razones, es que es importante la discusión que se abrirá muy pronto en el Senado sobre los temas de la colegiación y certificación profesional de los abogados. La colegiación es una herramienta que funciona bastante bien en otros países y que seguramente podría lograr una mayor calidad en la prestación de servicios jurídicos en México. La certificación nos puede dar mucha luz sobre los abogados que hacen un esfuerzo permanente por estar actualizados y no se conforman con los conocimientos que recibieron en la facultad hace años.

El debate que está por abrirse en el Senado será una fabulosa oportunidad para discutir en público sobre el modelo de juristas que reclama y necesita la sociedad mexicana. Ojalá todos participemos con el ánimo de aportar y no de defender prebendas profesionales. A México le urge tener, hoy como nunca, magníficos abogados.

 

Foto: MA Bustamante

 

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