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23 de diciembre de 2013
En el nuevo modelo de justicia penal, el defensor público toma un rol de mayor relevancia al asistir, representar y asesorar legalmente a quien enfrenta un proceso penal.
Conforme al nuevo texto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a las entidades a garantizar la existencia de un sistema de defensoría pública de calidad y un servicio profesional de carrera a quienes se dedican a esta actividad, la Procuraduría para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables (PRODI), promueve la capacitación constante de los abogados de esa institución.
Ante la entrada en vigor del Sistema Acusatorio Adversarial en el Istmo de Tehuantepec en 2007, un importante número de funcionarios de la PRODI se capacitaron para fungir como defensores públicos en la zona; en 2008, otro grupo se trasladó a la región de la Mixteca para comenzar a operar el sistema; en 2012, sucedió lo mismo para la región de la Costa y el pasado 27 de septiembre, con la implementación en la Cuenca del Papaloapan, egresó otra generación de defensores.
Actualmente, la PRODI capacita a 40 licenciados en Derecho, a través de cursos que se imparten de manera intensiva durante periodos de seis meses; esta acción permite a los abogados especializarse en su labor desde el Sistema Acusatorio Adversarial y mantenerse en constante evaluación para perfeccionar su atención a la población oaxaqueña.
En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el defensor público tiene la misión de garantizar el derecho humano de toda persona a contar con la asesoría y representación de un abogado, quien prestará sus servicios desde que el imputado es detenido por las autoridades ante la supuesta comisión de un hecho delictivo, hasta la culminación del proceso legal, de manera gratuita.
Este actor del nuevo modelo de justicia, a diferencia del defensor de oficio que atiende casos bajo el régimen del sistema penal tradicional, conoce las normas de actuación del Sistema Acusatorio Adversarial; de esta manera, ha de tomar un rol de mayor relevancia y visibilidad al asistir, representar y asesorar legalmente a quien enfrenta un proceso penal, de manera ética y profesional.
Tiene la obligación de ofrecer pruebas idóneas en los casos que corresponda, formular argumentos y alegatos a favor del defendido e interponer los recursos legales correspondientes, así como informar sobre las salidas alternas que permitan concluir el proceso.
La Procuraduría para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables (PRODI) trabaja de manera conjunta con el Poder Judicial del Estado (PJO), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema Acusatorio para fortalecer la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el territorio oaxaqueño.
Foto: NSJP
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