eloriente.net/Argel Ríos
6 de mayo de 2015
Por: Argel Ríos*
México ocupa el segundo lugar de un grupo de 59 países en impunidad, de acuerdo con el Índice Globlal de Impunidad publicado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
Dicho documento, señala que tanto México como Colombia, mantienen indicadores similares de impunidad en la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y de justiticia, ello debido al “incremento de la corporativización del crimen organizado, vinculado al fenómeno del narcotráfico. Lo anterior afecta la capacidad del Estado para procurar seguridad y justicia, además de la generación de un clima constante de corrupción de las autoridades que, en ocasiones, actúan en complicidad con los criminales.”
En nuestro país, se cuenta con cuatro jueces para 100 mil habitantes, mientras que el promedio mundial es de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, en países como Croacia, —que cuenta con el menor índice de impunidad— el número de juzgadores es de 45.
Destaca el estudio también, que si bien México se ubica en uno de los peores lugares en impunidad, está “a la vanguardia en generación de información estadística en materia de seguridad y justicia”.
Hace también una crítica a la funcionalidad y la estructura del sistema de seguridad mexicano, toda vez que resulta apremiante el optimizar los procesos de averiguación y garantizar las acciones de los cuerpos policíacos.
Es decir, en nuestro país es urgente, preparar al personal que integra el sistema de seguridad, desde los cuerpos policíacos, pasando por los ministerios públicos y los juzgadores.
Existe la falsa percepción —como lo señala Guillermo Zepeda Lecuona que a mayor número de personas detenidas y procesadas significan mejores resultados, y ello genera que se detenga arbitrariamente a personas inocentes.
En México, el Congreso aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales cuya pretensión sería homologar criterios para la investigación, el juicio y la sanción de los delitos tanto en el orden federal como en el fuero común, sin embargo hacen falta las leyes secundarias para el correcto funcionamiento del mismo.
Dentro de este mismo Código se contempla la profesionalización permanente de los operadores del sistema de justicia penal, implementando el servicio profesional de carrera.
Además, hace falta lograr una justicia pronta y expedita, pues del total de la población penitenciaria del país, el 46 por ciento corresponde a personas que no han sido sentenciadas. En este tenor, urge un esquema que permita resolver los delitos menores, lo que resultaría en una “despresurización” —por así decirlo— de los tribunales del país.
Al respecto de la profesionalización, es imprescindible capacitar a los ministerios públicos del país, toda vez que un gran porcentaje de las detenciones hechas en México, resultan desechadas en los juzgados por la falla en la integración de los expedientes o legajos de investigación, generando la percepción en los habitantes de la corrupción al interior de dichas estructuras.
El documento, señala que “las tareas pendientes en materia de impunidad son múltiples. Desde la generación y transparencia de datos, hasta la actuación concreta por parte de los estados en materia de mejoramiento de las condiciones físicas y humanas de los sistemas encargados de fortalecer el Estado de Derecho.”
La investigación sobre el Índice Global de Impunidad, fue coordinado por los académicos, Juan Antonio Le Clercq Ortega, catedrático de la UDLAP y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (@gerodriguezsl), Director General de la organización Seguridad Humana S.C.
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