Víctor Manuel Cruz Martínez, egresado de la Facultad de derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, y becario del programa de Jóvenes Abogados por el Estado de Derecho en las Américas de la Universidad de Georgetown, estará participando del 25 a 29 de octubre de la reunión anual de Liderazgo de América Latina de la Universidad de Georgetown, que reúne a altos funcionarios gubernamentales y líderes de la región ex becarios de Georgetown.

En dicho encuentro tendrán reuniones de alto nivel con funcionarios de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional, la organización de Estados Americanos, y tendrán un desayuno de bienvenida en el Banco Interamericano de Desarrollo, foros académicos con Microsoft, Gallup y diversas agencias de Naciones Unidas en las instalaciones de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Estados Unidos.

Víctor Manuel Cruz Martínez, es egresado del Programa Jóvenes Abogados por el Estado de Derecho en las Américas, de la Universidad de Georgetown, considerada como la universidad más importante en las áreas de gobierno y relaciones internacionales a nivel global en el que presento su proyecto para el Estado de Derecho en México: denominado Ley Nacional de Juventudes.

El proyecto estuvo revisado por el Doctor en Derecho Humberto Cantú Rivera, Director del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y presentado a la Directora ejecutiva del Centro para el Avance del Estado de Derecho de Georgetown Law, Lelia Mooney y la Mtra. En Derecho Internacional, Marcela Huaita Alegre Presidenta del Comité de expertas del MESECVI de la Organización de Estados Americanos como parte de la entrega del trabajo final del programa.




 
 

El Estado Mexicano sin directrices para legales para crear políticas públicas

Por: Víctor Manuel Cruz Martínez

Actualmente no existe una Ley Nacional de Juventud, que garantice y reconozca de manera específica como sujetos de derechos: políticos, económicos, ambientales y sociales a este grupo etario de la población en México (así como en gran parte de América Latina). Por tanto, el Estado mexicano sigue sin tener las directrices legales que permitan crear políticas públicas adecuadas a la realidad y necesidades específicas de este sector en el ámbito de vivienda, salud, educación y desarrollo social, para mejorar las condiciones de desarrollo para la población en general.

La recesión, parálisis económica la inflación de precios y la pérdida de empleos, sigue aumentado las desigualdades sociales en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana, lo que ha generado diversos movimientos de jóvenes a través de organismos de sociedad civil en busca de políticas públicas educativas, de salud, vivienda, movilidad y diversas exigencias de justicia social. Estos mismos movimientos sociales han llegado a provocar por una parte, ingobernabilidad en diversos países latinoamericanos y por otra parte, aunado a la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad, en varias microregiones del continente, incluyendo a México, grandes movimientos migratorios hacia Estados Unidos y Canadá.

El promedio de edad de los jóvenes mexicanos es de 29 años y representa un 30 por ciento de su población total, sumando cerca de 40 millones de personas jóvenes dentro del territorio mexicano, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Conforme al Organismo Internacional del Trabajo (OIT) se considera personas en edad económicamente activa los comprendidos entre los 15 y 65 años de edad. Por lo que los jóvenes llegan a representar el 50 % de esa población en edad económicamente activa en el país. De ellos el 51.5 % son mujeres y el 48.5 son hombres. Uno de los grandes problemas para los jóvenes mexicanos es que solo el 3% de la población joven (más privilegiada, es decir esta sindicalizada o trabaja en gobierno y se concentra en el centro y norte del país) tiene acceso a un crédito hipotecario para adquirir su primera casa de interés social, es muy importante señalar que la edad promedio de obtención de este crédito es entre los 32 y 35 años de edad. Lo que quiere decir que un joven trabajador que empezó a laborar desde los 15 años, 20 años después no tiene un crédito para adquirir una vivienda con el Crédito que se le paga al INFONAVIT a 30 años. Es decir se terminaría de pagar cuando se retiran formalmente de su vida laboral.

Las virtudes del actual “bono demográfico” que tenemos en México y América Latina es que la mayor parte de la población se encuentra en condiciones para laborar, generar riqueza, ahorrar e invertir, pero este grupo etario de población requiere de políticas públicas especificas centradas en: educación, inserción laboral, movilidad social y vivienda.

En 10 años estaremos perdiendo nuestro bono demográfico y la gran cantidad de jóvenes, año con año migraran a una población adulta, que creció durante su juventud en condiciones de pobreza y vivirá su etapa adulta y de plenitud en pobreza, además que es la generación que no tiene un esquema de pensión tripartita como las generaciones anteriores.



La nueva generación de personas adultas

A diferencia del grupo etario de jóvenes, esta nueva generación de personas adultas demandaran políticas públicas de salud, vivienda, salarios dignos y competitivos mismos que podrían colapsar nuestras instituciones si no actuamos a tiempo. Aunado a esto debemos contemplar que:

1.- el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, considera beneficiarios de los programas para jóvenes a los que están en el rango de edad entre los 18 y los 35 años de edad en Iberoamérica.

2.- Que el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU considera jóvenes a las personas que están entre los 15 y 24 años de edad.

3.- Que actualmente en México como en muchos países Latinoamericanos no existe una Ley de Juventud, y la única referencia en nuestro país, es la ley que crea el Instituto Mexicano de la Juventud, misma que en su artículo 2°, menciona que por estrategia son beneficiarios de los programas del IMJUVE, los comprendidos entre los 12 y 29 años. Es decir no tenemos una Ley de Juventud que nos defina como tal y garantice nuestros Derechos Humanos.

4.- Que hay una diferencia entre ser beneficiario de un programa y los Derechos Humanos, mismos que básicamente podríamos clasificar en derechos sociales, económicos, ambientales y políticos.

5.- Esto nos lleva a una reflexión importante, por una parte nos debemos preguntar, ¿Cuál es la edad que debería ponerse en la ley de juventud para ser sujetos de derechos humanos dentro de este grupo de población? Y no solo beneficiarios de programas, porque, hoy a los 35 años, los jóvenes, no solo de México sino de todo Latinoamérica, no tenemos garantizados los derechos mínimos que nos permitan desarrollarnos plenamente en sociedad.

Podríamos encasillar a las personas a ser “definidos jóvenes” hasta los 25, 27, 28 o 29 años según nuestros países de origen, pero los Estados tendrían que reconocer su incapacidad de garantizar los derechos de las juventudes, y que esa incapacidad ha llevado a nuestra generación a vivir en pobreza en la juventud y pasar a ser adultos y vivir en condiciones de pobreza en una etapa en que los roles de trabajo, familia e intereses cambian, por lo que es necesario que, no solo se garanticen los derechos en la ley, sino que se avance en la adecuación y la formulación de políticas públicas focalizadas a este sector.



Se propone una nueva Ley Nacional de Juventud

Se propone: La creación de la Ley Nacional de Juventud en México y la Ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes por parte del Senado de la Republica.

Esto permitiría después de más de 20 años desde la creación del IMJUVE, tener un ordenamiento jurídico nacional que dé certeza y garantice el ejercicio y accesos a sus derechos humanos y los reconozca como sujetos de derechos.

Las ventajas para llevar a cabo esta solución son:

  1. Reconocer a las personas jóvenes como sujetos de derechos.
  2. Responder a la deuda histórica con este grupo etario de la población.
  3. Establecer un marco jurídico que nos permita generar políticas públicas de desarrollo y justicia social.
  4. Elevar los niveles de productividad del 50 % de la población en edad económicamente activa y por consecuencia del índice de desarrollo humano.
  5. Prevenir problemas sociales, económicos y políticos a mediano y largo plazo.

Víctor Manuel Cruz Martínez es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y es Presidente del Consejo de Jóvenes de Oaxaca – México, ha tenido la oportunidad de representar formalmente a México en diversos foros internacionales e incidir en agendas de organismos de cooperación multilateral, organismos de integración regional, diversos programas de Naciones Unidas, bancos internacionales y dependencias del gobierno de México, además de cooperar con organismos de sociedad civil en los 32 estados de la república mexicana y con organizaciones de sociedad civil en más de 17 países de América Latina.